El Gobierno de Entre Ríos reveló finalmente su proyecto para "sanear" la Caja de Jubilaciones, a través de una ley que ingresó a la Legislatura y que tiene como objetivo realizar modificaciones claves en el sistema previsional. Tras meses de diálogo y encuentros con gremios y entidades que nuclean al sector pasivo, y en medio de un fuerte hermetismo, la Administración de Rogelio Frigerio presentó en Mesa de Entradas su iniciativa y ahora diputados y senadores se preparan para discutir las modificaciones.
"Esta es una reforma que no llega a ver esta gestión y está pensado que su verdadero efecto empiece a surgir más o menos a 10 años, que es cuando el sistema lo va a necesitar", explicó horas después de la presentación, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. Y agregó: "A nadie que le falte cinco años le cambia nada; al que le faltan diez años le va a empezar a cambiar muy poco".
En la previa tanto el gobernador como otros voceros del Poder Ejecutivo habían dejado en claro que la Caja era una "bomba de tiempo". Con un déficit creciente y que nadie niega, se ha convertido en el auténtico Talón de Aquiles de un Presupuesto que encuentra un rojo cada vez más importante alrededor del organismo. Ese pasivo fue reconocido por otros mandatarios, como Gustavo Bordet, que en febrero de 2020 dijo en su discurso de Apertura de Sesiones que existía un problema y que había que darle "sustentabilidad" al sistema. Sin embargo, la pandemia que comenzó un mes después terminó por dejar el tema en un plano absolutamente secundario. Tanto en aquel momento como ahora, se advirtió por un escenario en el que se registraban cada vez menos trabajadores en actividad por cada jubilado, siendo actualmente menos de dos activos por pasivo.
Los cambios de la Reforma Previsional: uno por uno
Como oportunamente adelantó El Destape, la Casa Gris estudiaba una serie de medidas de alto impacto para amortiguar un rojo que crece día a día alrededor del organismo previsional. Ahora, se supieron cuáles son esas determinaciones. Primero que nada, declarar la emergencia en el sistema hasta fines de 2027, con la consecuente posibilidad de prorrogar esa medida. A eso se le suma una primera sorpresa, que no había sido adelantada: un Aporte Extraordinario transitorio, que será abonado por los sueldos de trabajadores activos que cobren más de $3 millones, con un porcentaje que va del 1% al 8% dependiendo el nivel de ingresos. Además, le incorpora un incremento del 3% de los aportes patronales -mientras dure la emergencia- y un tope de beneficios que no podrá superar los 15 haberes mínimos.
Uno de los cambios más importante gira en torno a la edad de jubilación, actualmente en la administración central en 57 años para mujeres y 62 años para varones. La iniciativa oficial no solo las eleva, sino que las empata para ambos sexos en 65 años, con 35 años de aportes. Como agregado, además, quienes entren luego de la promulgación de la norma -en caso de que sea aprobadas, claro está- se jubilarán a los 68 años. Como aclaración, la iniciativa fija que el esquema se empiece a implementar en su totalidad recién en 2031, con una suba paulatina que no afecte a quienes están más cerca de acceder a su retiro.
En cuanto al cálculo de los haberes, no se elimina el 82% sobre el bruto -vigente- pero sí se aumenta el promedio de sueldos tomados para calcular la jubilación: pasa de los últimos 10 años a los últimos 20 años. En otro orden, los regímenes especiales -docentes, penitenciarios o radiólogos- se mantendrán, pero deberán seguir aportando hasta la edad de jubilación ordinaria. De ese modo, un maestro se podrá retirar como actualmente establece su ley especial -52 años con 25 de aportes- pero en el caso de hacerlo apenas pueda, estará más de una década pagando su aporte previsional como lo hace en la actualidad.
No obstante, gremios y organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones han elevado su voz con críticas hacia el proyecto oficial. "Queda ratificado que hay un ajuste que pagan los trabajadores y un empobrecimiento de los jubilados. Se dan poderes amplísimos para que el gobernador modifique las condiciones y se desengancha los aumentos de las paritarias de los activos. En definitiva, nosotros vemos que las líneas expresadas en los vectores que se habían difundido quedan confirmadas", expresó a El Destape, José María Segura, de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos. El gremio viene oponiéndose a la norma desde un principio, en medio además de medidas de fuerza reiteradas por la falta de actualizaciones salariales.
"Esta iniciativa es regresiva en el marco de derechos previsionales, por ende los termina afectando. Es más agresiva de lo que se había informado, de lo que se había socializado. Que los docentes sigan aportando hasta los 65 años habla a las claras de cómo se afectarán los haberes y por ende el 82% móvil, o sea que contrarresta lo que se había dicho", resaltó por su lado a este medio Abel Antivero, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), principal sindicato docente de la provincia.
Del lado de los estatales, también hubo objeciones. "Esta ley es durísima, tiene consecuencias para los trabajadores actuales y para los jubilados de ahora y los que vienen", subrayó a su turno en diálogo con El Destape, Oscar Muntes, secretario General de la seccional entrerriana de ATE. Acotó luego: "Pasar de 10 a 20 años es muchísimo, sumarle el aporte de los regímenes especiales es otro retroceso".
Ahora, el debate promete ser álgido y tener la profundidad que tuvieron otros proyectos de esta misma gestión, como la modificación del sistema electoral o la eliminación de la obra social provincial que estaba en manos de los trabajadores para darle lugar a otro instituto con un esquema diferente, participación del Poder Ejecutivo y una organización, señalan, más eficiente.
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