En un fallo que evidencia la crisis de infraestructura y salud en la periferia de Resistencia por la falta de respuestas del gobernador Leandro Zdero, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21, Julián Flores, dictó una medida cautelar que obliga al Ejecutivo provincial y municipal a garantizar el acceso inmediato a agua apta para el consumo humano en el Barrio Ex Campo Zampa.
La resolución judicial alcanza a la empresa estatal SAMEEP, al Ejecutivo Provincial, a la Municipalidad, a la Administración Provincial del Agua (APA) y al Ministerio de Infraestructura. Todos ellos deberán arbitrar los medios necesarios para asistir a una población de aproximadamente mil familias que hoy subsisten en condiciones de "extrema precariedad".
La acción judicial fue impulsada por 182 vecinos del barrio, bajo el patrocinio del abogado Juan Pablo Núñez. La denuncia describe un escenario crítico: ante la falta de conexiones formales a la red de agua corriente, los habitantes dependen de mangueras a cielo abierto o de la llegada esporádica de camiones cisterna.
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"Antes el servicio era deficiente, pero había. Hoy directamente no hay, o no se puede consumir", señalaron los vecinos durante el proceso. Ante la ausencia de red, las familias deben comprar bidones de 20 litros a $2.000 cada uno. Para una familia tipo, eso representa un gasto mensual estimado de $1.500.000, una cifra que excede ampliamente los ingresos de los trabajadores.
Según detalló El Litigio, uno de los pilares de la sentencia de Flores fue un informe técnico del Laboratorio Central de Aguas de Corrientes. El estudio confirmó que las muestras tomadas en el barrio no cumplen con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino. El agua analizada presentaba:
- Elevados niveles de turbiedad.
- Presencia de sedimentos.
- Signos evidentes de contaminación biológica.
Este cuadro tiene un impacto directo en la salud pública. Los vecinos reportaron un incremento en casos de enfermedades gastrointestinales y afecciones cutáneas, siendo los niños y adultos mayores los sectores más vulnerables de la comunidad.
Los argumentos del fallo en Resistencia
El juez Flores calificó de “insuficiente” la logística de SAMEEP, que cuenta con solo cuatro camiones de 10.000 litros para abastecer a todo el Gran Resistencia. La resolución ordena proveer un mínimo de 100 litros de agua potable por familia al día, con una frecuencia de al menos tres veces por semana. Además, ordenó que en el plazo de 30 días hábiles se realice un relevamiento integral e inmediato.
El caso no es aislado. Según la diputada provincial del Frente Chaqueño Pía Cavana, quien acompañó el proceso de organización comunitaria, más de 100.000 personas en el área metropolitana están afectadas por la falta de suministro o la incertidumbre sobre la calidad del agua disponible. “Hay familias que no tienen agua y otras que se están enfermando con la que reciben. Eso ya no es solo un problema de infraestructura, es un problema sanitario”, sostuvo la legisladora.
En paralelo a la acción judicial, se impulsó la campaña “Barrios del Sur”, orientada a visibilizar la situación mediante muestras reales de agua recolectadas en los barrios, intervenciones urbanas y testimonios de las familias afectadas.
En sus fundamentos, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema y organismos internacionales, reafirmando que el acceso al agua es un “derecho humano fundamental y esencial para la vida”. La medida tiene carácter provisional hasta que se resuelva el amparo principal, buscando evitar que el tiempo del proceso se traduzca en un daño irreparable para la salud de los vecinos.
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