Luego de que el Congreso de la Nación sancionara el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, el bloque de senadores del PRO de la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura una iniciativa para adecuar de forma inmediata el sistema judicial local. El proyecto busca transformar el actual esquema procesal para que el distrito más poblado del país sintonice con la normativa nacional, estableciendo un sistema de responsabilidad especializada para adolescentes a partir de los 14 años.
La propuesta impulsada por el senador Guillermo Montenegro se centra en que la provincia de Buenos Aires no puede quedar rezagada frente al nuevo paradigma federal. La oposición pretende actualizar un sistema que definen como "insuficiente para abordar la complejidad de la problemática y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad".
Según explicaron desde la bancada opositora, la reforma se inscribe en un diagnóstico claro donde la falta de actualización normativa limita la capacidad del Estado para intervenir de manera efectiva, lo que genera un doble impacto negativo tanto en términos de seguridad pública como en la posibilidad real de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley. Por ello, sostienen que avanzar en un sistema moderno y especializado, alineado con la normativa nacional, constituye hoy una necesidad estructural para el territorio bonaerense.
El corazón del proyecto presentado por Montenegro radica en la especialización de los operadores judiciales y en la creación de mecanismos de intervención temprana. La iniciativa propone un modelo que articula la sanción con mecanismos efectivos de reinserción social, incorporando garantías procesales reforzadas y una mayor participación de las víctimas en todas las etapas. Desde el bloque del PRO señalaron que este enfoque permitiría al Estado provincial actuar de manera oportuna frente a conductas delictivas cometidas por adolescentes, evitando la consolidación de trayectorias criminales y fortaleciendo la capacidad preventiva del sistema, algo que consideran fundamental ante el fracaso del esquema actual.
En cuanto a la ejecución de las penas, el proyecto estipula que la especialización sea obligatoria para jueces y agentes de institutos de detención, prohibiendo estrictamente el contacto de menores con adultos. Al explicar la urgencia de la presentación, el bloque opositor remarcó que se busca un modelo coherente con los principios de legalidad y proporcionalidad que permita superar un escenario fragmentado y desactualizado. La reforma propuesta incluye instrumentos concretos para mejorar la eficacia del sistema, como la integración de equipos interdisciplinarios que aborden la complejidad social de los casos y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas para asegurar su cumplimiento en el tiempo.
Finalmente, la nota presentada por la oposición destaca que la adecuación al régimen nacional no es solo una cuestión de formas, sino una herramienta para dar una respuesta estatal más justa y orientada a la reinserción sin omitir la responsabilidad de los jóvenes. Con este proyecto, el PRO busca marcar una hoja de ruta en el Senado bonaerense para que la provincia implemente el catálogo de sanciones y las reglas de conducta que la ley nacional ahora exige.
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