La Justicia Federal se encuentra en estado de alerta por la disolución del fuero nacional del trabajo que plantea implícitamente la reforma laboral. Entre los capítulos aprobados por el Congreso figura el que transfiere las competencias del fuero del trabajo al ámbito porteño.
Las organizaciones que nuclean a los jueces convocaron a encuentros con constitucionalistas para este viernes y la próxima semana y siguen en pleno análisis del proyecto de "modernización laboral" que busca aprobar el gobierno de Javier Milei. Están en contacto permanente aunque el margen de acción es acotado en esta instancia del debate legislativo.
“Representamos a los jueces y secretarios que son funcionarios probos de formación permanente. No somos una justicia militante, somos jueces de la Constitución”, se defiende una magistrada.
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El Capítulo 5 del proyecto aprobado en Senado y Diputados le otorga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la “transferencia de la función judicial en materia laboral del Ámbito Nacional” con “los recursos necesarios para el funcionamiento”. Además, establece que la Justicia Nacional del Trabajo en la que se tramitaron la mayoría de las causas hasta ahora tendrá un “funcionamiento transitorio”.
“El Artículo 91 es el cierre del Fuero del Trabajo”, dice el titular de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso. “Hay consternación, este proyecto habla de cierre y disolución de un fuero entero de la Justicia Nacional. Es un caso de inusitada gravedad institucional. Es disolver uno de los fueros del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado”, planteó en el plenario de comisiones en Diputados esta semana.
El texto habla de transferencia y no de traspaso. Es decir, las nuevas causas deberán tramitarlas la justicia porteña lo que implica que en el mediano plazo el fuero laboral dejará de existir. “Tarde o temprano perderá jurisdicción ante el cierre de los casos vigentes y sin ingreso de nuevos”, aclaran.
Los jueces advierten que se va a judicializar este punto de la reforma con probable intervención de la Corte Suprema. Los procesos del universo del trabajo van a pasar al contencioso administrativo porteño. Los empleados del poder judicial también están en alerta, los sindicatos del rubro también van a presentar sus reparos una vez sancionada la flexibilización. La transferencia implica su cierre y su virtual despido.
“Estamos sentando precedente de un Gobierno que puede cerrar el fuero judicial a su total arbitrio y discreción. Vaciar un juzgado es igual que remover al juez que no obedece a ningún supuesto de la Constitución”, remarca Basso.
El capítulo de la discordia tomó por sorpresa al sector y es entendido como una revancha por los gallos a favor de los trabajadores. “Si tenemos un comportamiento indebido, el ámbito para nuestra destitución es el Consejo de la Magistratura. Pero acá estamos ante una remoción por el cierre del Fuero”, plantea una jueza laboral.
En el Poder Judicial aseguran que este paso del Poder Ejecutivo sobre el Judicial tendrá consecuencias en las sentencias judiciales. “El juez civil que tome una causa laboral va a pensar varias veces el fallo viendo lo que hacen con el fuero del Trabajo”, analizan.
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