El encargo era tan básico como aterrador: transportar 200 kilogramos de explosivos en camiones por caminos intransitables de un país sudamericano sumido en la pobreza y la exclusión. Es el argumento de El Salario del Miedo, la película de Henri-Georges Clouzot de 1953 pero bien podría serlo de la reforma laboral que se propone impulsar Javier Milei con el estímulo del triunfo electoral libertario del 26 de octubre pasado. Es que todas las iniciativas que alentó el Gobierno desde el inicio de la actual gestión, tanto en el DNU 70/23 como en el capítulo laboral de la ley Bases y en cada proyecto avalado por LLA tienen un hilo conductor centrado en la pérdida de control para los trabajadores sobre su sueldo, horario, tareas, vacaciones y hasta la indemnización en caso de un despido injustificado.
Buena parte de las instituciones que todavía rigen los contratos laborales en la Argentina fueron pensadas con un horizonte de estabilidad y movilidad social ascendente para los trabajadores y su permanencia a lo largo del tiempo –más allá de ciclos económicos contradictorios, y marchas y contramarchas en la legislación laboral- consolidó una clase media distintiva en la Argentina por sobre otros países de la región, marcados por una mayor desigualdad. Incluso en un contexto de persistente declive de esas condiciones desde hace por lo menos tres lustros.
Desde la progresividad de las leyes laborales, que incluye el criterio de irrenunciabilidad a los derechos adquiridos, hasta el concepto de igual remuneración por igual tarea, las convenciones colectivas de trabajo nacionales y la normativa que consagra el monopolio de representación para un sindicato por rama de actividad –y evita la atomización derivada de la coexistencia de varios gremios en un mismo rubro-, toda la arquitectura legal está orientada a hacer más previsibles y virtuosos los contratos. A tal punto, que la Unión Industrial Argentina (UIA), el sello patronal con mayor participación en foros multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue históricamente la mayor defensora del modelo sindical argentino incluso con representantes como el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero.
En sentido inverso, cada punto de la reforma en elaboración busca consagrar inestabilidad, imprevisibilidad y deterioro al vínculo laboral para los asalariados. Entre los aspectos confirmados figuran dos anticipos de El Destape: las paritarias “por mérito”, denominadas “salarios dinámicos” por el Gobierno (sólo podrán compensar la inflación y eventualmente ganarle con sus aumentos a quienes el empleador juzgue favorablemente por su desempeño), y la posibilidad de aumentos reversibles. Sobre este último ítem el abogado empresario Julián de Diego confirmó la semana pasada en El Destape Radio que los incrementos otorgados en paritarias podrán dejar de ser permanentes y la base para la siguiente negociación para pasar a ser otorgados “por plazo”.
También está prevista la caída de la ultraactividad, la cláusula que establece la vigencia de los convenios colectivos de trabajo más allá de su vencimiento formal y hasta la firma de uno nuevo en acuerdo de las partes empleadora y sindical. El fin de ese esquema mientras gobierna una administración que hizo de la baja salarial su mayor ancla contra la inflación es garantía de una renegociación a medida de las patronales y en perjuicio de los trabajadores.
En el mismo sentido opera el “banco de horas” contenido ya en el capítulo laboral del DNU 70/23 y en cada iniciativa auspiciada por el Gobierno. A pesar de que Javier Milei y Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios, intentaron advertir que era falso que se propiciara la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas diarias, la propia instauración de los bancos de horas permite implícitamente ese alargamiento del día de trabajo. Como ratificó el propio De Diego la futura norma sólo confirmará la vigencia de un descanso obligatorio de 12 horas entre una jornada y otra, lo que en los hechos habilitará el desempeño de tareas por el tiempo restante y, eventualmente, obligará a reducir la prestación en días subsiguientes para no modificar el tope de 48 horas semanales.
Dicho de otra forma, lo que los funcionarios y comunicadores oficialistas presentan como una ventaja para trabajadores que podrán rediseñar sus jornadas laborales para sumar horas en menos días, la experiencia internacional demuestra que sólo beneficia a los empleadores al disponer con mayor discrecionalidad de los recursos humanos. De nuevo se impone la incertidumbre de nunca saber a ciencia cierta el tiempo que cada uno deberá dedicar a sus labores profesionales. Corre el mismo criterio para las vacaciones, que en la reforma proyectada podrán otorgarse en cualquier momento del año –no entre octubre y abril, como hasta ahora- y fraccionarse así como las indemnizaciones, a las que se estudia dividir y topear.
Para un escenario de conflicto la próxima norma también reduce los márgenes de acción y protesta de los asalariados y sus representantes. En particular se prevé un tercer intento por acotar el derecho a huelga luego de las suspensiones, en ambos casos por la intervención de la Justicia laboral, de decretos que buscaron ampliar al máximo la noción de “servicios esenciales”. De acuerdo a esos esquemas casi todas las actividades y no sólo las que la OIT contempla como “críticas” -porque su interrupción puede causar riesgos a la salud y la vida de sectores de la población- podrán someterse a restricciones en el ejercicio constitucional del derecho al reclamo mediante paros.
El Salario del Miedo angustió a cada espectador por años con un ritmo implacable y asfixiante, y mostró como pocas películas la tragedia de los hombres expuestos a condiciones intolerables de precariedad. También dejó tres reversiones en los años siguientes sin el brillo de la original pero el mismo sino trágico. La reforma laboral argentina puede exhibir al menos tres precuelas traumáticas: la frustrada ley Mucci, con la que Raúl Alfonsín buscó quebrar el poderío de los sindicatos; las flexibilizaciones instrumentadas por Carlos Menem en los años ‘90, que alumbraron y asentaron modalidades hasta entonces desconocidas o infrecuentes como los “contratos basura” y la tercerización, y la aprobación de la denominada “ley Banelco” en la gestión de Fernando de la Rúa. Con votos propios y la asistencia de gobernadores, Javier Milei intentará por cuarta vez lo que ya se mostró ruinoso para millones.
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