El gobierno de Javier Milei puso en marcha la reconfiguración del mapa de las relaciones laborales. Tras la reglamentación de la reforma laboral, la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, envió alrededor de 800 notificaciones tanto a cámaras empresariales como a organizaciones sindicales para forzar la revisión de sus convenios colectivos de trabajo (CCT). Esta medida, que busca una adecuación masiva al nuevo marco legal, marca el inicio de una etapa de fuerte tensión en el vínculo con el movimiento obrero organizado.
El pilar fundamental de esta avanzada oficialista es el fin de la denominada "ultraactividad", un principio jurídico que garantizaba la vigencia automática de un convenio si las partes no lograban acordar uno nuevo. Con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, esta continuidad se ve drásticamente limitada.
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Hasta el momento, la secretaría que conduce Julio Cordero únicamente cumplió con el paso formal de instar a las partes a abrir la instancia de negociación dentro de lo que dispone el nuevo andamiaje legal, pero se espera que sea un proceso arduo, teniendo en cuenta que entre los que deberán sentarse en esa mesa hay gremios de peso como Aceiteros, Bancarios, Camioneros y el sector de la Construcción, entre otros.
El fin de la ultraactividad como eje del cambio estructural
Bajo el nuevo esquema legal, si bien se mantiene la vigencia de las cláusulas "normativas" —aquellas ligadas estrictamente a las condiciones de trabajo—, las llamadas "cláusulas obligacionales" pierden validez una vez vencido el convenio. Estas últimas incluyen puntos sensibles para el financiamiento sindical, como las cuotas solidarias y otros aportes pactados entre las partes. Al caer estas cláusulas, el Gobierno genera un incentivo inmediato para que los sindicatos se sienten a la mesa de negociación, aún bajo el riesgo de perder conquistas históricas.
El listado de sectores bajo la lupa incluye actividades estratégicas y gremios con gran capacidad de movilización. Entre los notificados sobresalen Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico. También se encuentran alcanzados rubros clave para la economía como la logística, energía, petroleros y el sector ferroviario, además de la industria lechera, textiles y trabajadores de prensa.
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En la CGT, el diagnóstico es de alerta máxima. La central obrera interpreta este movimiento como una "pantalla" para avanzar en una flexibilización laboral de hecho, con recortes en las jornadas de trabajo y sistemas de categorías. Sin embargo, existen fisuras en el frente sindical. Carlos Acuña, titular del gremio de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), se diferenció de la postura oficial de la CGT y confirmó que aceptará la rediscusión planteada por Trabajo. Al respecto, el dirigente que responde a Luis Barrionuevo afirmó: "Hace mucho que venimos planteando que hay que actualizar convenios y la respuesta empresarial fue sostener los vigentes. Ojalá que en esta instancia podamos discutir cuestiones que quedaron pendientes".
Esta postura sugiere que algunos sectores podrían intentar aprovechar la reapertura para introducir reclamos propios, aunque el contexto general sea de resistencia ante la pérdida de derechos adquiridos. El Gobierno, por su parte, evita hablar de plazos finales, pero la celeridad en el envío de las notificaciones deja en claro la urgencia por acelerar la actualización de los marcos regulatorios de la economía.
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