La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a la Justicia su rechazo a uno de los puntos centrales de la reforma laboral aprobada por el Congreso. El sindicato presentó una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de las normas que crearon el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que el mecanismo afecta directamente el financiamiento del sistema jubilatorio.
La presentación judicial apunta contra el artículo 76 de la Ley 27.802 de Reforma Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026, normas que regulan el funcionamiento del nuevo fondo destinado a cubrir los costos derivados de los despidos. Desde ATE sostienen que el esquema permite que las empresas compensen los aportes realizados al FAL descontando esos montos de las contribuciones que deberían ingresar al sistema previsional. Según el sindicato, esto genera un desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y pone en riesgo la sustentabilidad de las jubilaciones y pensiones.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el objetivo de la demanda es frenar la implementación del fondo antes de que produzca consecuencias irreversibles sobre los recursos de la seguridad social. "Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde", afirmó el dirigente sindical al anunciar la presentación judicial.
Aguiar también sostuvo que el FAL "terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado" y advirtió sobre lo que considera un proceso de desfinanciamiento sin antecedentes recientes. "Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes", señaló.
Cómo funciona el Fondo de Asistencia Laboral cuestionado por ATE
La reforma laboral estableció la creación de un fondo destinado a cubrir las compensaciones por despido. De acuerdo con la interpretación realizada por el sindicato, las empresas podrán realizar aportes al FAL y descontar esos montos de las contribuciones previsionales que actualmente realizan al sistema de seguridad social.
Para ATE, esto implica que los empleadores dejen de afrontar directamente las indemnizaciones y que esos pagos terminen siendo cubiertos mediante un mecanismo financiado con recursos vinculados al sistema jubilatorio. Según sus estimaciones, el desfinanciamiento anual sería de al menos 3.000 millones de dólares.
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