El Gobierno nacional dispuso un recorte millonario a las obras públicas y perjudicó a universidades claves del AMBA y el interior del país. Asimismo, eliminó el fondo de compensación salarial docente y afectó a cientos de docentes en las provincias. La medida se dispuso en la previa de la marcha universitaria que se llevará a cabo este martes en todo el país.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, la administración libertaria quitó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Suspensión de obras públicas en las universidades
Respecto a la quita de transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales, en el anexo de la Decisión Administrativa se detalló una reducción de $5.303.000.000 que afecta obras en trece casas de estudio. Entre las instituciones más perjudicadas figura la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000. También la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000.
La Universidad Nacional de Río Cuarto perdió $680.500.000, mientras que la Universidad Nacional de Entre Ríos sufrió una baja de $540.000.000. En todos los casos, se trata de proyectos de infraestructura que quedarán suspendidos o demorados indefinidamente.
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Más recortes en la educación pública
El ajuste también impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288.051.713. Este programa estaba orientado a garantizar la enseñanza básica en todo el país y dependía de transferencias directas a las provincias para su implementación. Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, por un total de $8.929.835.294. Este mecanismo tenía como finalidad equiparar los salarios mínimos de los docentes provinciales, especialmente en las jurisdicciones con mayores desigualdades.
Por otro lado, en materia de infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, lo que implica la paralización de proyectos de construcción y modernización de establecimientos educativos en distintas provincias. Asimismo, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió una reducción de $6.649.536.538. Dentro de este ajuste se incluye una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles, lo que afecta directamente a miles de jóvenes que dependen de ese apoyo para continuar sus estudios.
En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000. Según la documentación oficial, esta reducción compromete el desarrollo de plataformas digitales y contenidos educativos que se distribuyen en todo el país.
La medida se conoció en la antesala de la cuarta Marcha Universitaria, convocada para el próximo martes por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles. La movilización busca denunciar que las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% en lo que va del año. Según el CIN, esta situación “afecta seriamente el desarrollo de las actividades académicas y científicas”.
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