Gremios docentes universitarios denunciaron que el gobierno de Javier Milei les impuso el mismo aumento que a los trabajadores del Estado, que, además está por debajo de la inflación. Los trabajadores de las universidades afirmaron que la paritaria de su sector está "suspendida" de forma "ilegal" y anunciaron que retomarán el plan de lucha.
Según informaron a través de sus redes sociales desde el gremio de Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUBA), los trabajadores de las universidades recibieron el Instructivo de Liquidación de los Salarios de Docentes Universitarios "con la 'novedad' de que el Gobierno Nacional dispuso aplicar la paritaria estatal" de un incremento salarial del 2% y "un bono de 12.500 pesos para los cargos simples, 25.000 pesos para los semi exclusivos y 50.000 pesos para los cargos exclusivos".
"Un primer análisis indica que es un incremento por debajo de la inflación, que consolida la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios", sostuvieron desde FEDUBA.
Por otra parte, los trabajadores de las universidades observaron "la voluntad del gobierno de mantener suspendida de forma arbitraria e ilegal, la partitaria universitaria". Ante este escenario, anunciaron que van a "retomar el Plan de Lucha en defensa de la universidad pública".
"La solución es simple: el Gobierno debe dar cumplimiento del fallo de la justicia que ordena la implementación de la ley de Financiamiento Universitario", concluyó el comunicado de FEDUBA
Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, señaló que "después de dos años de lucha, habiendo generado masivas movilizaciones y con una ley de financiamiento vigente nosotros decimos que hay una solución que es muy simple: el gobierno debe acatar el fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento".
"En las actuales condiciones, vamos a proponer a la CONADU, en el marco del Frente Sindical, la continuidad del Plan de Lucha a comienzos del año lectivo", cerró.
Más ajuste en el Estado: se extendió la prohibición de contratación de empleados públicos
El presidente Javier Milei dictó la extensión de la prohibición de contratación de personal en la administración pública para 2026, consolidando el ajuste en el Estado tras el despido de más de 60.000 trabajadores estatales en los últimos dos años.
Así lo hizo mediante el Decreto 934/2025, que mantiene y endurece las restricciones para designaciones y contrataciones en el Sector Público Nacional durante este nuevo año. La norma rige desde el 1° de enero de 2026 y deroga el decreto anterior (1148/2024).
El decreto establece que tanto las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Administración Pública Nacional como a entes no empresariales con manejo autárquico. En cambio, no alcanza a las empresas estatales, aunque estas quedan habilitadas para adherirse.
La prohibición abarca, entre otras modalidades:
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Plantas transitorias (designaciones a término).
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Contratos del artículo 9 de la Ley 25.164 (empleo público).
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Contrataciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo (indeterminado, plazo fijo, parcial, eventual).
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Servicios profesionales autónomos (Decreto 1109/2017).
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Designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente.
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Contrataciones “con o sin relación de dependencia” bajo cualquier modalidad, incluso con financiamiento no presupuestario.
