En medio del caso Adorni, Milei y Clarín escalan artificios por la fusión de Telecom con Telefónica

Acosado por escándalos, las demandas corporativas y el malestar económico, el gobierno de Javier Milei se encomendó al Mundial como un distractor salvavidas. Y un salvoconducto para hacer pasar negocios llave en mano. En ese contexto apareció la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) sobre la megafusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina: una sucesión de condicionamientos que el entorno presidencial celebró como una derrota del Grupo Clarín y que especialistas en comunicación describen como el sello que habilita al conglomerado a quedarse con el negocio convergente más relevante del país.

La contradicción entre dicho y hecho está a la vista. Mientras Javier Milei mantiene fijo en su cuenta de X un mensaje de hostilidad hacia el multimedio que conduce Héctor Magnetto, su propio gobierno avanzó hacia la luz verde que la empresa necesitaba para convalidar la compra de Telefónica de Argentina. Entre el insulto en redes y la firma del expediente hay una distancia que el relato oficial intenta tapar con el ruido de las exigencias regulatorias. La suspicacia no pasa por la imposición de condiciones, que las hubo, sino por determinar si esas condiciones alcanzan para frenar la concentración o terminan siendo el maquillaje que legitima la operación más grande del mercado de telecomunicaciones argentino en una década.

Una resolución con nombre propio

El TDC, órgano decisor de la ANC, resolvió imponer un paquete de condiciones estructurales y conductuales para autorizar la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, la empresa del Grupo Clarín que controla Personal y Cablevisión. La decisión se apoyó en un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Según informó el organismo, el objetivo de las condiciones impuestas fue evitar que la operación constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia.

El corazón de la resolución exige que Telecom ceda seis millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada, en un esquema de distribución geográfica que prioriza el AMBA. Según el cuadro difundido por fuentes oficiales sobre la composición del mercado, de esos seis millones, cuatro corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el resto se reparte entre las regiones norte y sur del país. La cifra es menor si se la compara con el universo total: Telecom y Telefónica suman en conjunto cuarenta millones de clientes entre telefonía móvil, fija, internet y televisión paga, de manera que la desinversión exigida representa cerca de un séptimo de esa base combinada.

A esa cesión se agrega la devolución de 130 megahertz de espectro radioeléctrico, un activo escaso y estratégico sin el cual ningún operador móvil puede prestar servicio. La resolución contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la derivación del remanente al mercado secundario, donde otras empresas podrán disputarlo. En el segmento de internet fija, Telecom deberá desprenderse de abonados en aquellas localidades donde su participación supere el cincuenta por ciento, una franja que según estimaciones alcanzaría a más de 180 distritos del país.

Para completar el cuadro de obligaciones, el dictamen exige a Telecom el retiro de todas las demandas judiciales que mantiene contra el Estado y el pago de las deudas por aportes pendientes al Fondo de Servicio Universal, un pasivo que el gobierno había estimado en 2024 en más de tres mil millones de pesos.

Letra chica

La épica oficialista presenta el dictamen como una victoria sobre el poder mediático más influyente del país. Cuentas afines al Gobierno celebraron en redes sociales el supuesto fin del monopolio de Clarín, atribuyendo a Milei una pulseada ganada frente al grupo que controla el diario homónimo, el canal El Trece, la señal de noticias TN y decenas de radios en todo el territorio nacional.

Especialistas en economía de los medios leen el mismo expediente con una conclusión inversa. El investigador Martín Becerra sugirió que la resolución termina por autorizar a Telecom como el único operador capaz de ofrecer servicios convergentes, fijos y móviles, en la totalidad del territorio argentino. Becerra señaló además la coincidencia temporal entre la autorización y el escándalo patrimonial de Adorni, en momentos en que la atención pública se concentra en el Mundial. El investigador Agustín Espada planteó una lectura parecida, al preguntarse si el desgaste político del Gobierno explica una negociación de paz con Clarín en pleno torneo, en un momento de menor margen de maniobra para el oficialismo.

El asunto es trascendental. Aun con la desinversión de seis millones de clientes, la operación deja al Grupo Clarín como controlador de cerca de la mitad del mercado de telecomunicaciones argentino, frente al setenta por ciento que hubiera concentrado sin condicionamiento alguno. Fuentes del propio tribunal admitieron que, al existir otros operadores en el mercado, resultaba inviable bloquear la fusión por monopolio, y que el volumen de la desinversión exigida constituye una medida severa que en teoría favorecerá el ingreso de nuevos jugadores. Entre líneas, el argumento confirma lo que los críticos vienen señalando: el Estado no impidió la concentración, la administró. ¿En favor de quién? Es el interrogante que alimenta las sospechas sobre las acciones de un gobierno proclive a distribuir negocios en beneficio propio.

Moneda de cambio

Uno de los puntos menos visibles del dictamen, y por eso mismo uno de los más relevantes, es la devolución de espectro radioeléctrico. La fusión sin condiciones hubiera dejado en manos de Telecom una cantidad de espectro muy superior al límite regulatorio vigente, lo que explica la magnitud de la exigencia de desprendimiento. Pero la decisión sobre qué hacer con esas frecuencias devueltas no es un asunto solo doméstico.

La asignación de parte del remanente al mercado secundario respondió a un pedido expreso de la Embajada de Estados Unidos, interesada en que esas bandas estratégicas queden disponibles para empresas y objetivos vinculados a defensa, espionaje y ciberseguridad. La versión añade una capa geopolítica a una disputa que hasta ahora se discutió en clave de mercado interno. El control del espectro radioeléctrico no es un detalle técnico: define qué actores, públicos o privados, nacionales o extranjeros, tendrán capacidad de intervenir en infraestructura crítica de comunicaciones en territorio argentino.

En el plano comercial, la apertura de espacio entusiasma a operadores en expansión como Facundo Pardo, el empresario catamarqueño que adquirió Supercanal al grupo Vila-Manzano hace algo más de un lustro. No es el único. La devolución de espectro y la cesión de clientes abren, en teoría, una ventana de oportunidad para operadores regionales que hasta ahora competían en desventaja frente a la escala de Telecom y Telefónica.

Es lo que más recela el Grupo Clarín: la posibilidad de que surjan competidores con escala tecnológica y soporte financiero transnacional. No sería, por cierto, la primera vez que un gobierno le plante cara al multimedia. De Menem a Kirchner, y de Alfonsín a Macri, todos los presidentes —luego de vencido un pacto de convivencia siempre efímero— alentaron la construcción de multimedios alternativos. Y todos, a su turno, fracasaron. En buena medida, porque se ciñeron a las reglas de una industria donde Clarín pone la cancha, dispone de la pelota y tiene en el bolsillo a los árbitros. Ese poder de fuego se amplió en cada gobierno, desde la dictadura hasta hoy.

Operación en curso

La compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom se había anunciado en febrero de 2025, por un monto de 1.245 millones de dólares. Desde entonces, el expediente recorrió un camino sinuoso: objeciones técnicas de organismos antecesores de la actual ANC, la disolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por decreto presidencial y un fallo judicial que en su momento favoreció a Telecom al dejar sin efecto medidas preventivas del Gobierno. Esta resolución llega cuando los plazos administrativos estaban a punto de vencer, sin margen para nuevas prórrogas.

Telecom ya anticipó que estudiará la resolución y que no descarta agotar las instancias legales disponibles si considera que las condiciones resultan incompatibles con la normativa vigente. La empresa calificó de excesivas las exigencias del TDC y recordó que había ofrecido, de manera voluntaria, ceder una porción mucho menor de su cartera. El argumento corporativo apela a la tendencia internacional hacia la consolidación del sector y a la competencia de actores como Starlink, que en poco tiempo sumó alrededor de un millón de clientes en el país.

El arribo de jugadores internacionales es la batalla de fondo para Clarín, que observa la última movida de Milei como un accidente en sus planes expansivos. Pero más allá del relato belicista, la acción que ambos promocionan como una escalada se parece, en los hechos, a un armisticio.