La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade intimó mediante una carta documento al presidente Javier Milei para que se abstenga de impulsar la reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, al considerar que la incorporación de funcionarios públicos y sus familiares como beneficiarios del régimen implicaría un retroceso en las políticas anticorrupción y vulneraría compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Además, hizo reserva de iniciar acciones judiciales si el Gobierno avanza con la iniciativa.
En la intimación, fechada el 27 de julio, la legisladora le exige al mandatario que "se abstenga de proponer, impulsar y llevar adelante tratativas por sí o por interpósitas personas" con el objetivo de conseguir la aprobación legislativa del proyecto. Según sostiene, la modificación "comportaría una efectiva regresión en las políticas anticorrupción", al quebrantar estándares internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino a través de tratados y convenciones.
La diputada también remitió cartas documento con similares advertencias al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su condición de titular del Senado; y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, extendiéndoles las mismas consideraciones respecto de eventuales gestiones, conversaciones o proposiciones que pudieran llevar adelante con integrantes de los cuerpos legislativos para facilitar el tratamiento de la reforma.
En el texto dirigido a Milei, Frade argumenta que promover una reforma de esas características sería incompatible con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Recomendación 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Convención de la OCDE y la Ley de Ética Pública. También advirtió que, en caso de que el Poder Ejecutivo impulse la modificación, dejará planteada la reserva para iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes.
También pidió la intervención de la UIF y la Oficina Anticorrupción
En paralelo con las cartas documento, Frade presentó notas formales ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de que ambos organismos se pronuncien sobre la compatibilidad del proyecto con la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Ante la Oficina Anticorrupción, la diputada solicitó que se determine si la reforma promovida por el Poder Ejecutivo, que según su planteo extendería un régimen de excepcionalidad de beneficios fiscales y debilitaría los mecanismos de prevención e investigación de posibles hechos de corrupción respecto de funcionarios públicos y sus familiares, resulta compatible con la Ley N.º 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y con los compromisos internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Además, pidió que el dictamen sea emitido con carácter urgente debido a la inmediatez del tratamiento legislativo.
En la presentación realizada ante la UIF, Frade requirió que el organismo evalúe si la incorporación de funcionarios públicos y sus familiares como beneficiarios del régimen de excepcionalidad es compatible con las recomendaciones del GAFI, especialmente las vinculadas con el tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). También solicitó un pronunciamiento sobre el eventual impacto que la iniciativa podría tener respecto de las obligaciones asumidas por el país en el marco de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, al considerar que una flexibilización de los controles alcanzaría a sujetos calificados internacionalmente como de mayor riesgo.
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