En medio de la crisis sanitaria y social que azota a las comunidades originarias del norte del Chaco, el conflicto en torno a la Fundación Valdocco sumó un capítulo dramático que pone en el ojo de la tormenta la responsabilidad directa del gobernador Leandro Zdero. A través de una presentación formal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, señaló que el gobierno provincial avanzó de manera unilateral para desmantelar la institución de General Vedia. La gestión estatal devolvió de "forma compulsiva" a más de 50 niños y adolescentes de la comunidad Wichí a sus lugares de origen, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo.
La polémica medida, ejecutada por la Unidad de Protección Integral dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, se realizó ignorando por completo los tiempos de la justicia. Si bien la Cámara de Apelaciones Multifueros había revocado el amparo de primera instancia que frenaba la clausura, la sentencia aún no se encuentra firme debido a que fue debidamente apelada y está bajo el análisis del STJ. A pesar de este escenario legal, el gobernador Zdero optó por interrumpir el proceso judicial para acelerar el vaciamiento de la institución.
El dictamen de la Defensoría General se basó en las actuaciones extrajudiciales suscritas por el sacerdote Juan Carlos Molina, referente de la Fundación Valdocco, quien describió un panorama alarmante sobre el operativo. Según el informe, los chicos fueron subidos a un colectivo no apto para este tipo de viajes bajo el pretexto de asistir a una audiencia ante la jueza multifueros de Misión Nueva Pompeya, Noelia Almirón. Sin embargo, nunca regresaron de ese viaje. Las familias de los menores jamás fueron consultadas sobre este procedimiento y se enteraron de la situación una vez consumado el traslado.
La gravedad del accionar gubernamental se profundizó al delegar en la Policía las tareas de asistencia social. Tras la audiencia judicial, los niños y adolescentes fueron ubicados en Misión Nueva Pompeya y en la comisaría de El Sauzalito, quedando en manos de las fuerzas de seguridad la responsabilidad de contactar a los familiares para que pasaran a retirarlos. Molina no ahorró críticas ante el trato recibido por los jóvenes y afirmó que las condiciones del traslado fueron "peores que las que se aplican para el traslado de animales de ganado".
Según detalló El Litigio, la defensora Alcalá sentenció que la Autoridad de Aplicación se excedió gravemente en sus funciones al disponer de la vida de los niños, niñas y adolescentes mientras el proceso judicial continuaba en trámite. La funcionaria denunció explícitamente la mala fe procesal del Poder Ejecutivo y advirtió que el gobierno de Zdero deberá responsabilizarse penal y políticamente por las situaciones de riesgo y peligro en las que colocó a los menores. Asimismo, remarcó con preocupación que en ningún momento del expediente consta si los jóvenes fueron escuchados antes de tomar esta drástica determinación.
La urgencia del mandatario radical por clausurar definitivamente el centro educativo de General Vedia contrasta de manera dolorosa con la cruda realidad que hoy enfrentan los jóvenes wichí en el norte provincial. Al ser privados de la red de contención, escolaridad y asistencia alimentaria que les brindaba la fundación, los menores regresaron a un contexto de carencias estructurales severas. Los relevamientos actuales indican que el grupo de niños habita ahora en condiciones indignas, subsistiendo sin energía eléctrica, con apenas una comida diaria y con serias dificultades para acceder al agua potable en El Impenetrable.
Mientras el STJ dilata la resolución de fondo sobre el caso Valdocco, mantiene también bajo análisis una medida cautelar impulsada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, que exige la provisión urgente de agua y alimentos para la región. La vulneración de los derechos de estos más de 50 niños expone la desidia de una gestión provincial que prioriza el cierre de espacios de contención social por sobre la vida y la dignidad de los pueblos indígenas.
Tras la muerte de una mujer wichí, la comunidad se reunió con el gobierno y levantó el acampe
Una triste noticia se confirmó la semana pasada: murió una mujer wichí de 64 años que había sido trasladada de urgencia desde Misión Nueva Pompeya hacia el hospital de Juan José Castelli, presentando un cuadro crítico con graves complicaciones pulmonares y estomacales. El deceso de la mujer profundizó la indignación y el dolor de la comunidad, que catalogó el hecho como una "muerte evitable" derivada del abandono estructural que sufren por parte de las autoridades provinciales y nacionales.
Este fallecimiento se dio en el marco del acampe masivo que llevó adelante la comunidad wichí. Después de 16 días de firme y unitario acampe a la vera del acceso a Misión Nueva Pompeya, el corazón de El Impenetrable, esperando respuestas del gobierno a los gravísimos problemas denunciados como “genocidio silencioso”, el sábado 20 de junio, llegaron el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el subsecretario de Trabajo, Sebastián Lazzarini, para dialogar sobre el petitorio presentado al gobierno el día 8 de junio, por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, a pedido de la comunidad.
Luego del análisis y evaluación de cada punto y sobre la base de un borrador de Acuerdo, se realizó una asamblea de evaluación y ajuste del mismo. Según informó Luchas del Chaco, la asamblea analizó cada punto, centrando en la forma en que se implementarían los Merenderos que habían sido eliminados por el gobierno. También, en la reactivación y eficiencia de los comedores escolares, la implementación urgente de operativos de salud que recorran El Impenetrable, la provisión de agua, la implementación de medidas de apoyo a la producción y el compromiso de avanzar en políticas de regularización de la propiedad comunitaria de los territorios.
Este martes, el STJ deberá tratar la medida cautelar presentada por las comunidades, representadas por la Defensoría Adjunta del Poder Judicial, que obliga al Estado a garantizar agua y alimentos en El Impenetrable a la comunidad Wichí, que no está cubierta por la cautelar del 2007.
“Es un gran triunfo, con las sufridas mujeres al frente. Volveremos a nuestras localidades y parajes, a organizar la puesta en marcha urgente de lo logrado en dura lucha y con un enorme apoyo de las redes de comunicación y algunos valientes medios. Gracias", señaló la comunidad a través de un comunicado.
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