Luego el acampe en la Casa de Gobierno realizado por la Policía de Santa Cruz y la denuncia penal que realizó Claudio Vidal contra los autoconvocados de la fuerza, este martes volvieron a encontrarse para avanzar en una negociación. Tras el cuatro intermedio, El Destape se contactó con los representantes de la fuerza quienes adelantaron que no hubo una oferta paritaria pero volverán a encontrarse mañana 1 de julio.
"Desde nuestra parte se bajó bastante porque siempre tenemos voluntad de querer arreglar pero ya no se bajará más: se quiere 2 millones 200 en mano. Impacta a activos y a retirados", detalló a este medio el referente de policías autoconvocados, Ramón Quipildor. "A nosotros al principio nos agarró medio de sorpresa. Venimos bien fuerte, unidos y bien aconsejados. Hicimos la reunión como corresponde y nos sentaremos a las 17hs", adelantó el referente local.
Al ser consultado por el encuentro, Quilpidor aclaró que el encuentro consistió en una videollamada con autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación en el que se escuchó a las dos partes en la que se solicitó la reunió de la documentación del conflicto salarial. "No hubo ofrecimiento ni contrapropuesta de ninguna de las dos partes", detalló el policía retirado y aclaró: "Venimos unidos, fuertes y bien aconsejados. Hicimos la reunión como corresponde y nos sentaremos mañana a las 17hs".
La última noticia pública del conflicto fue la denuncia por parte del Gobierno provincial a los policías y retirados que ingresaron al predio e impulsaron un acampe como una acción más de protesta tras un mes de conflictividad en la que también participaron los Bomberos y el Servicio Penitenciario Provincial. En este mismo sentido, mientras que este medio confirmó la medida judicial por parte del Gobierno provincial, el policía retirado confirmó que todavía no fueron notificados: "No fuimos notificados ni del Gobierno, ni de la Justicia federal ni provincial".
La cronología por la puja salarial
El conflicto policial en Santa Cruz representa la crisis institucional y salarial más profunda que enfrentó el gobernador Claudio Vidal desde el inicio de su gestión. El origen del conflicto en el deterioro acumulado de los salarios de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario y, posteriormente, del personal de Bomberos, que comenzó a organizarse de manera autoconvocada ante la falta de respuestas oficiales.
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Si bien los reclamos venían gestándose desde hacía varios meses, el punto de quiebre se produjo el 27 de mayo en la que se instaló por primera vez un acampe permanente frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. A continuación, a partir del 2 de junio comenzaron a levantarse carpas frente a distintos edificios públicos y dependencias policiales, mientras que el 3 y 4 de junio numerosos efectivos iniciaron acuartelamientos, retención de tareas y restricciones en la prestación de servicios.
En este sentido, diputados de Unión por la Patria (UxP) y Santa Cruz Somos Todos presentaron un pedido para interpelar al ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, para abordar el extenso conflicto con las fuerzas de seguridad que reclaman mejoras salariales. Fue así como los legisladores de la oposición pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria para que tanto Prodromos como los jefes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial informen sobre la situación y cómo impacta en la seguridad pública.
El conflicto dentro de la estructura policial
Los autoconvocados cuestionaban que las autoridades policiales designadas por el gobierno provincial no representaban los intereses del personal y aseguraban haber presentado numerosas notas y pedidos de audiencia que nunca obtuvieron respuesta. Esa situación alimentó el descontento interno y favoreció que las protestas adquirieran una dimensión inédita dentro de la estructura policial santacruceña. Las medidas se extendieron a prácticamente toda la provincia, alcanzando a comisarías de Río Gallegos, Pico Truncado, Caleta Olivia y otras localidades.
Sin acuerdo salarial, los efectivos policiales se encuentran con un salario de apenas un poco más de un millón de pesos, por lo que desde las asambleas se exigió un aumento de piso que, tras las negociaciones, ya anunciaron que no aceptarán menos de 2 millones 200 mil pesos. En este mismo sentido, argumentaron que deben afrontar el gasto del uniforme y equipo de trabajo ya que desde la asunción de Vidal, solo se les entregó una campera reglamentaria.
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