El Estado argentino deberá dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso. El organismo internacional convocó a una audiencia presencial para el próximo 4 de agosto en Washington, luego de una denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA).
La presentación cuestiona la Ley 27.802, aprobada en el marco de las reformas impulsadas por la administración libertaria, y sostiene que la norma implica un retroceso en materia de derechos laborales, sindicales y sociales. Según informó el FreSU, la CIDH aceptó tratar el planteo y citó al Estado argentino para que exponga los fundamentos de la reforma durante una audiencia que se realizará en el marco del 196° período de sesiones del organismo.
En el escrito presentado ante la CIDH el pasado 24 de abril, las organizaciones denunciantes sostuvieron que la ley "desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo" y favorece a los sectores empresariales en detrimento de los trabajadores. Además, señalaron que la normativa "retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas" y que restringe "arbitrariamente la huelga y la libertad sindical".
La denuncia también advierte que la reforma deja en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres trabajadoras y a quienes se desempeñan en la informalidad. A su vez, cuestiona que la legislación reduzca los mecanismos estatales de control sobre prácticas antisindicales y sobre incumplimientos laborales y fiscales por parte de las empresas.
La denuncia incluye cuestionamientos a la política represiva del Gobierno
El documento presentado ante la CIDH no se limita a la reforma laboral. También incorpora críticas a la estrategia política desplegada por el Gobierno para avanzar con las reformas económicas y laborales. Según las organizaciones denunciantes, el proceso de cambios impulsado por la gestión de Milei combinó "el shock con la represión", mediante una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles para desalentar protestas y manifestaciones.
En ese marco, la presentación menciona diversos episodios ocurridos desde diciembre de 2023 y sostiene que existió un patrón de persecución hacia organizaciones sindicales y sectores críticos del Gobierno. Entre los casos señalados figuran la millonaria multa aplicada al sindicato ferroviario La Fraternidad, superior a los 21 mil millones de pesos, y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
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