Mientras que el Congreso nacional se prepara para debatir el proyecto de ley de reforma laboral que lleva la firma del presidente Javier Milei y que toca temas sensibles como despidos, vacaciones y extensión de la jornada laboral, las movilizaciones contra la polémica iniciativa. El Sindicato de Empleados Legislativos de Catamarca (Seleg) convocó a una marcha en la ciudad capital para este jueves 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana.
El Gobierno nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro y el sindicato catamarqueño se adherirá a la medida. El Seleg se manifestará bajo la consigna “En defensa de los trabajadores argentinos” y convocó a afiliados, trabajadores y a la comunidad en general a participar. En este contexto, el gobernador Raúl Jalil confirmó su apoyo a la reforma de Nación. “Podemos acompañar los cambios que sirvan para generar empleo”, afirmó el mandatario provincial tras reunirse con el Presidente en Casa Rosada en noviembre pasado.
Según la convocatoria difundida por la organización sindical, la marcha partirá desde la Plaza de La Alameda, ubicada en zona céntrica, y se dirigirá hacia la Legislatura de Catamarca, con el objetivo de expresar el rechazo a los cambios propuestos en materia laboral y visibilizar el posicionamiento de los trabajadores legislativos.
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Si bien el argumento del oficialismo recae en la necesidad de “modernizar” la legislación vigente lo que, sostiene, tendría impacto positivo en la cantidad de puestos de trabajo, lo cierto es que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y pese a los cambios ya implementados desde 2024 con el capítulo laboral de la “Ley Bases” ni el “blanqueo laboral” generaron más puestos de trabajo de calidad.
Tanto Jalil como Marcelo Orrego (San Juan) tienen bloques legislativos propios, proclives a levantar la mano para facilitarle las cosas al Gobierno. Jalil rompió el bloque de Unión por la Patria y armó la bancada Elijo Catamarca, de tres diputados. Lo más trascendente de esa decisión fue que le permitió a LLA convertirse en la primera minoría en la Cámara baja y una insistente versión indica que recibiría a cambio de ese favor el tercio estatal del yacimiento Aguas de Dionisio, algo que le permitiría a la provincia tener el control de esa mina de oro.
Ley de glaciares: los puntos más polémicos de la reforma
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.639, sancionada en 2010. La iniciativa fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia en el que se asegura que la norma vigente presenta “graves falencias” y que “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Entre sus argumentos, las organizaciones sostienen que “la Ley de Glaciares fue resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, y constituye un hito en materia de desarrollo sostenible.
En el texto oficial, el Gobierno plantea que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. Entre los puntos destacados, el comunicado afirma que “esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
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El punto más controvertido de la iniciativa es la redefinición de los espacios protegidos. Mientras la ley actual considera glaciar a toda masa de hielo perenne y extiende la protección al ambiente periglacial en alta, media y baja montaña, el proyecto oficial limita el alcance a aquellos glaciares que cumplen una “función hídrica efectiva” y a zonas con suelos congelados que actúen como reguladores hídricos comprobables. Con ello, se mantiene la prohibición de actividades mineras en glaciares y ambientes periglaciares, pero se acota qué áreas entran en esa categoría, otorgando a las provincias un rol central en la delimitación y evaluación de impacto ambiental.
Organizaciones ambientales como Greenpeace y más de 25 entidades de la sociedad civil alertaron que esta redefinición implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y contradice el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Señalan que muchos glaciares pequeños y ambientes periglaciares quedarían fuera del resguardo legal, habilitando proyectos mineros de gran escala en zonas críticas. En un contexto de crisis climática y retroceso global de los glaciares, advierten que reducir los niveles de protección tendría consecuencias irreversibles para ecosistemas frágiles y comunidades que dependen de ellos.
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