En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de resolución que exige al gobierno de Javier Milei explicaciones de manera “urgente y detallada” toda la documentación vinculada a una contratación realizada por Cancillería para capacitar en idioma inglés a su personal. La contratación está vinculada a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, presidida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger. Se trató de un procedimiento de excepción que adjudicó más de $114 millones.
La iniciativa, impulsada por la diputada Roxana Monzón, apunta a la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, relacionada con la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25. En ese marco, el proyecto solicita conocer el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01. Asimismo, se requiere información sobre las fechas clave del proceso: convocatoria, apertura, adjudicación y emisión de la orden de compra.
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El texto también pide precisar si el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó estudios comparativos o relevamientos para sostener el supuesto de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos. En los fundamentos, Monzón señala que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), con CUIT 30-52550539-8, por un período de nueve meses y opción de prórroga equivalente.
El vínculo de Sturzenegger
Según el acto administrativo, la decisión se justificó bajo el argumento de que la AACI sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años. Sin embargo, el proyecto advierte que distintos medios informaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, lo que generó la polémica.
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Además, se menciona que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la asociación y el propio ministro. La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que restringe la concurrencia y competencia, por lo que reclama conocer los criterios técnicos concretos que sostuvieron la supuesta falta de oferentes alternativos.
En este sentido, el texto enfatiza que se trata de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado, lo que refuerza la necesidad de transparentar los fundamentos de la adjudicación. El proyecto también pone el foco en el contexto fiscal actual, recordando la consigna oficial de “no hay plata” y contraponiendo el gasto comprometido con el deterioro presupuestario de áreas sensibles.
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La iniciativa plantea que el monto adjudicado se imputará al ejercicio 2026, lo que genera preocupación en torno a la planificación presupuestaria del Ministerio. En paralelo, se reclama acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación, en línea con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
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