La semana pasada, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que propone la autonomía presupuestaria de ese poder y, durante la presentación, el presidente del Tribunal Sergio Torres se refirió a la falta de nombramientos en el máximo tribunal provincial. “Somos 3 cuando debiéramos ser 7, este Superior Tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, dijo enfáticamente. El gobierno bonaerense dio respuesta a ello.
“La Carta Magna provincial en su artículo 160 pone a la Suprema Corte como cabeza del poder judicial, y bajo esta responsabilidad constitucional es que hoy debemos reclamar una vez más por la cobertura de las vacantes”, cerró Torres.
Este lunes en la conferencia de prensa de Casa de gobierno, el ministro Carlos Bianco se refirió a la situación tras una consulta de la prensa. “Sobre el envío de pliegos al Senado para miembros de la Corte es una prerrogativa, una potestad del Gobernador”, explicó y agregó: “Lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.
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En ese sentido, el dirigente no ahondó en detalles ni tampoco aclaró si ya estaban los pliegos definidos. Solo remarcó que “es una definición que tiene que tomar el Gobernador”, y que lo hará cuando lo considere necesario.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 7 jueces. Sin embargo, en los últimos 5 años, producto de renuncias y fallecimientos, quedaron solo 3 magistrados. El último en renunciar y jubilarse fue Luis Esteban Genoud, quien dejó su cargo el 1° de junio de 2024. El mismo año falleció otro miembro, Homero Elías Laborde. En 2021 se jubiló el juez Eduardo Pettigiani; y en abril del mismo año falleció Eduardo de Lázzari. Esas bancas no fueron renovadas. Actualmente la Corte Suprema la componen Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria.
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El proyecto de ley de fortalecimiento del Poder Judicial bonaerense
El escrito presentado por la Corte Suprema bonaerense propone una autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para tratar “problemas estructurales” del sistema de justicia “con una mirada de mediano y largo plazo”. Según se detalla en el proyecto, "el presupuesto del Poder Judicial se destinaría un 65% a la Jurisdicción Administración de Justicia y un 35% a la Jurisdicción Ministerio Público". La distribución "será revisada anualmente por ambas Jurisdicciones", por lo que podrán "efectuarse distintas adecuaciones. Las erogaciones previstas en el presupuesto del Poder Judicial "serán atendidas con cargo al Tesoro Provincial y con sus recursos propios".
En particular, el presupuesto del Poder Judicial "contendrá el detalle de los planes y programas específicos aplicables en las materias siguientes: política salarial; infraestructura edilicia; equipamiento e innovación tecnológica; capacitación del personal; y creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos у servicios".
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