Mientras se realiza una sesión extraordinaria destinada a tratar el proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Habitacional en Santa Cruz, la Comisión Directiva de la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) señaló que la propuesta legislativa parte de un "diagnóstico parcial y poco objetivo" sobre la realidad inmobiliaria de la provincia.
Desde la entidad sostienen que, si bien existen dificultades de acceso a la vivienda, el trasfondo no radica en la falta de propiedades en el mercado, sino en una severa crisis económica y financiera que afecta de manera directa la capacidad de pago de las familias.
La iniciativa del bloque responde al gobernador Claudio Vidal y argumenta que busca facilitar el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales y proyectar obras de infraestructura básica en las distintas localidades de Santa Cruz. Durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo quedaría facultado para reasignar partidas presupuestarias destinadas a planes de vivienda y obras de servicios esenciales, como redes de agua, energía eléctrica, gas y cloacas.
Sin embargo, desde el ACIS señalan que "la evidencia del propio mercado demuestra que existen numerosas viviendas disponibles tanto para alquiler como para venta en distintas localidades" y que "el verdadero problema es que una gran parte de la población ya no cuenta con capacidad económica para acceder a ellas".
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Entre las falencias señaladas al proyecto legislativo, la asociación destacó que la iniciativa no especifica el monto ni el origen de los recursos financieros que se asignarán, la cantidad proyectada de soluciones habitacionales ni los plazos de ejecución, las localidades prioritarias para la aplicación de la medida y mecanismos concretos para fomentar el crédito hipotecario, incentivar la inversión privada o dinamizar el mercado de alquileres.
Para fundamentar su postura, el sector inmobiliario detalló el desfasaje entre el costo de vida y los ingresos de los trabajadores:
- Inflación e ingresos: se registran índices de inflación interanual superiores al 33%, frente a incrementos salariales que en muchos sectores apenas rondan el 17%.
- Impacto en el empleo público: el deterioro salarial golpea fuertemente a los empleados de la administración pública, uno de los sectores laborales con mayor presencia en la provincia.
- Nuevas dinámicas familiares: es cada vez más recurrente que dos o tres grupos familiares deban unirse para habitar una sola vivienda y compartir gastos.
- Mudanzas por imposibilidad de pago: inquilinos con un historial de cumplimiento impecable se ven forzados a declinar renovaciones para trasladarse a inmuebles de menor valor adaptados a sus posibilidades económicas.
"Maniobra para extorsionar": el Poder Judicial habilitó a Vidal a retener fondos a las intendencias de Santa Cruz
Hace unos días, un fallo judicial de Santa Cruz habilitó a Vidal a retener fondos de coparticipación para los municipios. Desde las intendencias alertaron por el descuento de la coparticipación que afectará directamente al pago de los salarios de los trabajadores sin contemplar la crisis de distintos servicios y la obra pública.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aseguró que el descuento del 20% de la coparticipación planteada por el mandatario provincial impediría afrontar el pago de los haberes, más a allá de la crisis de funcionamiento de distintos servicios y la obra pública.
Además, explicó que, desde 1995, la Provincia retiene directamente un porcentaje de la coparticipación municipal destinado a la Caja de Previsión Social, cifra que asciende alrededor de 931 millones de pesos correspondientes a Río Gallegos. "Se hizo una presentación judicial principal sobre la intangibilidad de los fondos y el cumplimiento de la ley, ya que no se puede descontar los fondos que no le pertenecen al Gobierno nacional, ni al Gobierno provincial", aseguró a El Destape.
El fallo provisoriamente autoriza a hacer retención de aportes el cual despertó malestar, ya que no se encuentra amparado por ninguna ley ni por la Constitución provincial. "Nadie puede interferir sobre la autonomía de los municipios. Es una maniobra claramente de política judicial para poder doblegar o extorsionar a los intendentes y tener una negociación con el endeudamiento que no salió, y que tampoco se va a aprobar", denunció Grasso.
"Lo que se discute es el fondo de intangibilidad, pero especialmente los aportes clave de la caja de jubilatoria de la provincia de Santa Cruz", dijo, y sostuvo "que hay mucha preocupación por llevarse por delante a todos los sistemas institucionales, las leyes, y las normas de convivencia".
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