La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España solicitó formalmente al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ordene a diversas entidades financieras el envío detallado de todos los movimientos y saldos de las cuentas bancarias del PSOE desde 2024 hasta la actualidad. La petición se da en el marco del 'caso Leire Díez', la causa judicial que investiga una presunta trama orquestada desde el oficialismo para desacreditar a jueces, fiscales y policías que indagaban hechos de corrupción vinculados al partido de gobierno.
A través de un oficio judicial, los agentes investigadores reclamaron que los bancos remitan la información de forma directa a la fuerza para agilizar los plazos. Asimismo, solicitaron autorización para requerir documentación complementaria sobre cualquier operación que tenga origen o destino en los fondos socialistas y exigieron a la Agencia Tributaria un informe detallado de suministros de los años 2024 y 2025 que involucre tanto al PSOE como al PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) y a otros imputados clave en la causa, como el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Control de daños ante el pedido de citación a Cristina Narbona
En paralelo a la auditoría contable, el escándalo sumó un nuevo capítulo institucional luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al juez Pedraz que llame a declarar en calidad de testigo a la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Ante la gravedad del pedido, la cúpula del PSOE emitió un comunicado de urgencia intentando transmitir un mensaje de "máxima tranquilidad" y control de daños: "Cristina Narbona ya dio explicaciones contundentes sobre estos hechos y el Partido Socialista no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes", señalaron desde la sede de Ferraz, manifestando su "pleno respaldo" a la dirigente y garantizando una total colaboración con el proceso judicial.
Estalla la interna
El avance del sumario judicial provocó un inmediato sismo político en las bases del partido. Un grupo de militantes históricos y críticos, encabezados por el exministro Ramón Jáuregui, se reunió de urgencia en Madrid para exigir formalmente la convocatoria a un congreso extraordinario que desplace a la actual conducción, golpeada por las revelaciones del expediente.
Desde Luxemburgo, donde participaba de una cumbre de ministros de la Unión Europea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentó minimizar el impacto de la rebelión interna. "Una reunión de 100 personas en un partido que actualmente cuenta con cerca de 150.000 militantes tiene la importancia que tiene", zanjó el funcionario ante la prensa.
Bolaños remarcó que el PSOE es una fuerza democrática que define a sus autoridades mediante el voto directo de sus afiliados, concluyendo de forma tajante que "cuando llegue el momento, habrá procesos democráticos y cualquier compañero podrá optar a lo que desee; otra cosa muy diferente es el apoyo real que coseche".
Con información de EuropaPress.
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