Una corte de apelaciones de Estados Unidos impidió el martes que un juez lleve a cabo una investigación sobre si el Gobierno de Donald Trump infringió deliberadamente una orden judicial que les obligaba a suspender los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos a El Salvador, en lo que supone una victoria para el presidente republicano.
Un panel compuesto por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, en una resolución de 2 a 1, falló contra el juez federal de distrito James Boasberg en su enfrentamiento con funcionarios de la administración sobre los límites del poder presidencial.
El Circuito de Washington D. C. decidió que Boasberg había vulnerado "la autonomía del poder ejecutivo" al exigir el testimonio bajo juramento de funcionarios de la administración para determinar si habían desobedecido deliberadamente su orden judicial de marzo de 2025 de que regresaran los aviones en los que se estaba expulsando a los venezolanos de Estados Unidos.
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"El tribunal de distrito se propone investigar las deliberaciones de alto nivel del poder ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia", escribió la jueza del Circuito Neomi Rao, refiriéndose a Boasberg.
Pero la investigación de Boasberg, conocida como procedimiento por desacato, fue un "claro abuso de discrecionalidad", escribió Rao. Estos procedimientos penales por desacato pueden dar lugar a multas u otras formas de sanción.
Rao contó con el apoyo del juez de circuito Justin Walker en la decisión del martes, mientras que la jueza de circuito J. Michelle Childs se mostró en desacuerdo. Tanto Rao como Walker son jueces nombrados por Trump. Childs fue nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden.
La controversia surgió en el marco de una demanda interpuesta por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en nombre de unos hombres venezolanos deportados por la Administración Trump en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, en la que los demandantes alegaban que el Gobierno había actuado de forma ilegal con los vuelos de deportación.
Esta ley de 1798, que rara vez se ha invocado en la historia de Estados Unidos, otorga a los presidentes amplios poderes para detener y deportar a ciudadanos de naciones que estén en guerra con Estados Unidos o que hayan lanzado una invasión del territorio estadounidense.
El mismo tribunal suspendió temporalmente en diciembre el procedimiento por desacato de Boasberg mientras examinaba el asunto más a fondo.
Boasberg se ha pronunciado en contra de la administración de Trump en múltiples casos. El presidente ha calificado al juez de "lunático de la izquierda radical", así como de "alborotador y agitador".
Los venezolanos en el centro del litigio fueron liberados de una prisión salvadoreña el verano boreal pasado y regresaron a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos. Estados Unidos ha acusado a los hombres de ser miembros de una banda. Los abogados y los familiares han rebatido esa acusación.
Con información de Reuters
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