El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el territorio nacional, después de más de seis semanas de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos que mantienen al país en tensión desde entonces. La medida busca destrabar los bloqueos impulsados por organizaciones campesinas y sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales, a quien el Gobierno de Paz acusa de ser responsable de los incidentes. Las protestas todavía siguen pese al reciente acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB).
En un mensaje televisado junto a su gabinete, Paz anunció la decisión y denunció que detrás de las protestas existe “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”. El mandatario, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado y dirigido por Morales, responsabilizó directamente al exmandatario por la continuidad de las medidas de fuerza que paralizan buena parte de la circulación en el país.
Crisis en Bolivia: seis semanas de bloqueos y protestas contra Rodrigo Paz
El conflicto comenzó a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga general y bloqueos de carreteras para exigir respuestas frente a la crisis económica, considerada la más grave que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas.
Las organizaciones sociales reclaman mdidas para frenar el deterioro de las condiciones de vida, garantizar el abastecimiento de combustibles y revertir la comercialización de gasolina de baja calidad. Sin embargo, ante la falta de respuestas, los reclamos escalaron hasta transformarse en un pedido abierto de renuncia del presidente.
Con el paso de las semanas, los cortes de rutas se multiplicaron en distintas regiones del país y comenzaron a registrarse enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles golpea con fuerza a la población.
El acuerdo con la COB no logró frenar los cortes de rutas
El Gobierno había logrado firmar este viernes un “acuerdo de distensión” con la Central Obrera Boliviana. Se trató un documento de ocho puntos que respondía a varios de los reclamos planteados por la confederación gremial.
Tras la firma, el dirigente sindical Mario Argollo pidió públicamente levantar los bloqueos y “avanzar hacia una etapa de diálogo”. Sin embargo, sectores campesinos e indígenas rechazaron la decisión y mantuvieron las protestas.
Por su parte la Federación Túpac Katari, una de las organizaciones con mayor peso en el altiplano boliviano, afirmó en un comunicado que la decisión de la COB representó “una ruptura de los compromisos asumidos durante las movilizaciones”.
“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, afirmó Severo Marca, representante de la organización ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Tensión entre organizaciones campesinas y sindicales
La firma del acuerdo generó malestar dentro de las organizaciones que sostienen los bloqueos. Según Marca, la dirigencia de la Túpac Katari se enteró del entendimiento entre la COB y el Gobierno cuando se encontró reunida con representantes de las 20 provincias paceñas.
“Ha sido una sorpresa, incluso estaba terminando la reunión de las 20 provincias, donde más tarde hemos visto que el compañero Mario Argollo estaba firmando el acuerdo con el Gobierno”, sostuvo el dirigente.
La organización mantiene una fuerte presencia territorial en el departamento de La Paz y ratificó que continuará con las medidas de fuerza. De acuerdo con datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen 18 bloqueos en La Paz y 11 en Oruro, uno de los principales bastiones de la COB.
Evo Morales, en el centro de las acusaciones del Gobierno
Mientras intenta recuperar el control de la situación, el Gobierno apunta directamente contra Evo Morales. Paz acusa al exmandatario de promover las protestas y de financiar las movilizaciones con recursos provenientes del narcotráfico.
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece oculto en la región cocalera del Chapare para evitar una orden de captura vinculada a una causa por presunta trata de una menor de edad a la que lo acusan de haberla embarazado.
La confrontación entre el oficialismo y el exlíder del Movimiento al Socialismo se convirtió en uno de los ejes centrales de la crisis política que atraviesa el país.
Menos bloqueos, pero persiste el conflicto
A pesar de que las protestas continúan, los propios dirigentes reconocen un desgaste creciente entre los sectores movilizadas. Los cabildos realizados durante la semana habían definido “masificar” los bloqueos, pero los resultados quedaron lejos de las expectativas.
Según datos de los organizadores, el número de cortes pasó de 90 a apenas 46 este viernes, lo que desde el oficialismo definieron como un “reflejo del cansancio de los manifestantes” y las dificultades para sostener una protesta de alcance nacional durante más de un mes y medio.
“No hemos podido efectivizar cuántos puntos de bloqueo tenemos”, reconoció Marca al explicar que el control operativo de las medidas está en manos de los comités provinciales de bloqueo.
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