A través de un comunicado publicado este miércoles 18 de febrero en sus redes sociales, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, acompañado por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), rechazó la reforma laboral promovida por la Nación y convocó a las fuerzas políticas a impedir su aprobación.
En esta línea, el comunicado expresa: “Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”.
Asimismo, cuestionaron que bajo el rótulo de “modernización” se impulse una reforma que, según expresaron, "recorta derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente precarización laboral".
En ese marco, los mandatarios provinciales subrayaron sus cuestionamientos y pusieron en duda la efectividad de la iniciativa para generar empleo genuino y sostenible. Señalaron que la reforma no aborda los problemas estructurales del mercado laboral ni ofrece herramientas reales para fortalecer la producción y el trabajo formal: “En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”.
Con respecto a quienes defienden la iniciativa bajo el argumento de la modernización del sistema laboral, sostuvieron que no se trata de una negativa a debatir cambios, sino de una postura crítica frente al contenido específico del proyecto. En ese sentido, aseguraron que no se ponen "a todo cambio", sino que la oposición va dirigida "a este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”.
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No moderniza, precariza
El comunicado, además, expresa que la reforma libertaria va en contra de los lineamientos de organismos internacionales: "La Organización Internacional del Trabajo ha establecido lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social. La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”.
A su vez, cuestionaron que, desde el Gobierno nacional, sostienen que “el proyecto ayudará a crear empleo”, aunque “los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia” ya que, tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, “esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos y la incertidumbre hacia los trabajadores”.
Además, los mandatarios advirtieron además que la iniciativa contempla mecanismos que podrían habilitar rebajas salariales o restricciones de derechos ante situaciones de enfermedad, lo que, a su entender, constituye un claro retroceso en las garantías de los trabajadores.
Una reforma "profundamente antifederal"
Los gobernadores también aseveraron que se trata de una reforma “profundamente antifederal”, porque “sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales”; y, apuntaron: “En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”.
“La informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen. Se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”, expresaron.
En esa línea, los gobernadores denunciaron que, desde la llegada del actual Gobierno, su plan económico provocó el cierre de 21 mil empresas y la pérdida de casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa.
Frente a este panorama, reafirmaron con su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y cuestionaron de manera categórica la “orientación económica que la sustenta”. En el comunicado, destacaron además que convocan "a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales”.
“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo”, destacaron. Para finalizar, expresaron: “Ese es el camino que proponemos y que estamos dispuestos a debatir en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional”.
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