Una resolución del Juzgado de Faltas de la Primera Circunscripción Judicial de Resistencia generó malestar entre los chaqueños ya que estableció nuevas directivas para el control de manifestaciones en la capital de la provincia. La medida instruyó a la Policía del Chaco a intervenir ante protestas o acampes en espacios públicos, identificar a los participantes, registrar la modalidad del reclamo y determinar quiénes actúan como referentes de las movilizaciones.
Según lo informado por el medio Litigio, la disposición amplía las restricciones que ya regían sobre cortes de calles y rutas. El documento judicial indica que los agentes deberán identificar a los manifestantes, dejar constancia de la cantidad de participantes y detallar si se utilizan vehículos, carteles, carpas u otros elementos durante las protestas. Además, el oficio establece que la Policía deberá labrar actas de constatación en cada intervención.
Esta media se enmarca en un proyecto de ley ante impulsado por el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, para eliminar el goce de haberes de los dirigentes sindicales del sector público durante sus licencias gremiales, alineándose con la reforma laboral nacional y bajo el argumento de reducir el gasto público. La iniciativa, presentada por el ministro de Gobierno Julio Ferro y diputados oficialistas, busca modificar los estatutos del empleado público y docente para que las organizaciones sindicales asuman el sostén económico de sus representantes, manteniendo únicamente la reserva del puesto laboral.
El impacto en las protestas
Uno de los puntos que generó mayor controversia es la prohibición de producir ruidos considerados molestos en las inmediaciones de escuelas, hospitales, sanatorios y dependencias públicas. La medida alcanza a elementos habituales en las movilizaciones sociales, como bombos, sirenas o pirotecnia, utilizados con frecuencia en protestas sindicales y manifestaciones públicas.
La resolución también autoriza a los efectivos a secuestrar de manera inmediata los objetos utilizados en las protestas cuando los manifestantes no cumplan con las disposiciones establecidas. En casos de flagrancia, el documento habilita incluso la detención preventiva de quienes sean considerados contraventores.
Otro apartado de la normativa regula específicamente las manifestaciones en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. En ese espacio público, los organizadores deberán presentar una autorización escrita del municipio para instalar acampes o estructuras. Si los manifestantes no exhiben esa autorización, la Policía deberá intimarlos a retirar carpas, toldos, pancartas, garrafas u otros elementos en un plazo máximo de veinte minutos, bajo apercibimiento de decomiso.
El documento también establece que, en caso de interrupciones del tránsito, los agentes deberán informar de inmediato al equipo fiscal de turno. Asimismo, si se produjeran tomas de edificios públicos o privados, la fuerza de seguridad podrá solicitar el desalojo inmediato y proceder a la detención preventiva de quienes permanezcan en el lugar.
Las nuevas disposiciones surgieron a partir de una solicitud de aclaratoria presentada por la Comisaría Primera Metropolitana de Resistencia, que había consultado al juzgado cómo debía actuar ante manifestaciones en el centro de la ciudad. La respuesta fue emitida por la jueza subrogante Silvia Claudia Zalazar, quien fijó las pautas que deberán seguir las fuerzas de seguridad en estas situaciones.
La limitación a los sindicatos
Los gremialistas denuncian que el proyecto de ley para eliminar los haberes a los delegados sindicales del sector público, presentado el pasado jueves en la Legislatura chaqueña y que tiene grandes chances de ser aprobado, busca desfinanciar la actividad sindical y limitar la capacidad de representación de los trabajadores estatales en un momento de alta tensión política.
MÁS INFO
Desde el sector docente, la secretaria general de la Asociación Trabajadores de la Educación, Rosa Petrovich, calificó al mandatario provincial como un aliado estratégico de las políticas libertarias y denunció un ataque directo a los derechos adquiridos. Según la referente, el proyecto no solo afecta las licencias gremiales, sino que se enmarca en un ajuste mayor que incluye el incumplimiento de la cláusula gatillo y la negativa del Ejecutivo provincial a abrir las paritarias, herramientas fundamentales para proteger los salarios frente a la inflación.
Ante esta situación, las organizaciones sindicales iniciaron un plan de lucha que incluye reuniones con legisladores de diferentes bloques para frenar el avance de la norma en la Cámara de Diputados. Además, se convocaron movilizaciones y protestas en toda la provincia para reclamar por la pérdida del poder adquisitivo, que estiman en un 30%, y para manifestar su oposición a lo que consideran una persecución hacia la dirigencia gremial y un retroceso en las condiciones laborales del sector público.
Cerrar sesión