Mientras que el Gobierno nacional quita subsidios en la facturación del servicio eléctrico, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa rechazaron categóricamente el proyecto de ley libertario que condona deudas millonarias a empresas de distribución de energía eléctrico.
El ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, puntualmente solicitó el rechazo del artículo 4 del proyecto de ley 3-PE-2026, incluido dentro del esquema de Autosuficiencia Económica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al considerar que la iniciativa generaría un fuerte impacto económico y favorecería a empresas privadas sin un análisis técnico suficiente.
El planteo fue dirigido a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel; al presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala; y a las comisiones legislativas competentes. Según explicó Gialluca en diálogo con medios locales, mientras miles de usuarios afrontan el retiro de subsidios y el incremento de las tarifas eléctricas, el proyecto habilitaría beneficios extraordinarios para compañías que mantienen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Cuestionamientos a la condonación de deudas
El Defensor del Pueblo sostuvo que la iniciativa prevé mecanismos de compensación económica que favorecerían a empresas distribuidoras como EDENOR, EDESUR y el Grupo DESA por montos cercanos a los 1.842 millones de dólares. A su entender, el esquema reconoce deudas y compensaciones sin una validación judicial previa ni auditorías independientes que permitan determinar con precisión la situación financiera y regulatoria de las compañías involucradas.
Gialluca advirtió que las empresas beneficiadas acumularon obligaciones con CAMMESA durante años, aun cuando continuaron percibiendo ingresos provenientes del cobro de las tarifas eléctricas. Además, cuestionó la ausencia de mecanismos que permitan evaluar responsabilidades empresariales o analizar el origen de los pasivos contemplados en el proyecto.
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Uno de los principales cuestionamientos planteados desde Formosa es que la iniciativa dejaría en una situación desigual a aquellas provincias cuyas distribuidoras cumplieron con sus obligaciones durante los períodos de emergencia tarifaria.
El impacto sobre las provincias y los usuarios
El funcionario provincial alertó que las provincias de Formosa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y La Pampa no mantienen deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y, a pesar de su cumplimiento, quedarían excluidas de los beneficios contemplados por la propuesta de condonación. Gialluca advirtió que los costos derivados de este perdón multimillonario a las empresas podrían terminar absorbidos por el Estado Nacional o trasladados de forma indirecta a los usuarios mediante futuros aumentos tarifarios o recursos públicos.
En este contexto, sostuvo que si se plantea perdonar estas deudas a las corporaciones, también debería analizarse la situación de miles de usuarios particulares, especialmente jubilados, trabajadores y sectores de ingresos medios y bajos con deudas de entre 200.000 y 300.000 pesos, que atraviesan serias dificultades económicas para afrontar el costo de los servicios.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo cuestionó la metodología utilizada para calcular las compensaciones previstas en el proyecto y señaló que el debate legislativo avanzó sin los estudios técnicos necesarios para evaluar el verdadero impacto fiscal, regulatorio y económico de la medida. Ante este panorama, reclamó formalmente a los senadores nacionales que rechacen el artículo en cuestión y promuevan una discusión mucho más amplia sobre sus consecuencias en el sistema eléctrico argentino.
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