La construcción del nuevo esquema regulatorio del sector energético sufrió este lunes un revés inesperado, cuando Néstor Marcelo Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el Gobierno de Javier Milei para fusionar las funciones que hasta ahora ejercían de manera separada el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La salida se produjo apenas unas semanas después de que el funcionario asumiera formalmente el cargo mediante el decreto 318/2026. El episodio generó sorpresa dentro del sector energético porque el nuevo organismo todavía se encuentra en una etapa inicial de funcionamiento y no había logrado completar aspectos centrales de su reorganización interna.
La renuncia -que fue comunicada durante la mañana al resto de los miembros del ente y formalizada mediante un memo enviado a través del sistema oficial GEDO- también puso en evidencia las tensiones que atravesaron desde el comienzo la puesta en marcha de una de las reformas impulsadas por el oficialismo a partir de la Ley Bases. El objetivo declarado de la unificación era reducir costos operativos, simplificar estructuras administrativas y adecuar el funcionamiento regulatorio a estándares internacionales. Sin embargo, a menos de un mes de su constitución formal, el ente quedó envuelto en disputas internas que terminaron provocando la salida de su máxima autoridad. Según distintas fuentes del sector, el principal foco de conflicto se desarrolló entre Lamboglia y Marcelo Nachón, integrante del directorio y ex interventor del Enargas. Las diferencias comenzaron incluso antes de que el organismo estuviera plenamente constituido.
Uno de los primeros desacuerdos estuvo vinculado con la política de personal. Lamboglia había planteado durante una reunión realizada en abril que no se renovaran contratos hasta que el nuevo ente estuviera en funcionamiento y pudiera definir una estrategia unificada de recursos humanos. Sin embargo, pocos días después fueron renovados por seis meses decenas de contratos que vencían a mediados de año en el ámbito del ex Enargas. También hubo diferencias por el pase de empleados desde modalidades transitorias hacia cargos permanentes.
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Las discusiones se extendieron a otros aspectos de la reorganización institucional. Mientras un sector defendía la continuidad de equipos de asesores externos que ya venían trabajando en el área, Lamboglia sostenía que esas funciones debían quedar en manos del personal permanente del organismo. El debate formaba parte de una discusión más amplia sobre el diseño definitivo que tendría el ente regulador surgido de la fusión.
Otro punto de conflicto estuvo relacionado con las oficinas donde debía funcionar el nuevo organismo. La conducción había decidido establecer la sede principal en el histórico edificio del ENRE, ubicado en la zona de Puerto Madero. Sin embargo, algunos integrantes del directorio cuestionaban las condiciones edilicias del lugar y planteaban objeciones para trasladar allí sus actividades habituales. La tensión alcanzó uno de sus momentos más delicados durante la última reunión destinada a aprobar los cuadros tarifarios correspondientes a junio. La ausencia de uno de los directores en ese encuentro profundizó el deterioro de la relación interna y terminó acelerando una crisis que ya venía acumulando varios capítulos.
La integración entre ambos organismos dejó al descubierto además una marcada desigualdad entre las remuneraciones de trabajadores y funcionarios provenientes del ex Enargas y del ex ENRE. De acuerdo con fuentes del sector, los salarios más elevados dentro de la estructura proveniente del ente gasífero llegan a ubicarse muy por encima de los ingresos que percibían los cargos equivalentes en el regulador eléctrico. Lamboglia impulsaba una recomposición que permitiera acercar ambas escalas dentro de un programa integral para toda la planta del organismo.
Otros sectores del directorio proponían una estrategia más gradual y focalizada, acompañada por mecanismos de reducción de personal mediante retiros voluntarios. La discusión excedía la cuestión salarial. Detrás de esos números aparecía una disputa más profunda sobre quién conduciría efectivamente el proceso de integración institucional y bajo qué criterios se reorganizarían áreas, funciones y estructuras administrativas.
Fuentes cercanas al directorio señalaron que, antes de formalizar su salida, Lamboglia manifestó que "la decisión estaba tomada y que no estábamos haciendo un buen papel". Del otro lado, algunos integrantes del organismo interpretaron que el presidente saliente no logró sostener las discusiones necesarias para conducir una estructura atravesada por intereses y culturas organizacionales diferentes.
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