Se presentó un anteproyecto de ley para pensar la soberanía energética y de datos

Los centros atómicos del país (Ezeiza, Constituyentes y Bariloche) se encuentran militarizados por la “inspección” de los funcionarios del Departamento de Estado y de la Autoridad Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos. El dueño de Palantir, Peter Thiel, también se encuentra auscultando las capacidades del país –en función de su proyecto tecnofascista- con total opacidad. No son hechos aislados sino que comparten una matriz de entrega de soberanía energética y de datos.

El desmantelamiento del CAREM, un reactor nuclear de potencia fabricado íntegramente por las capacidades científico técnicas de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, los acuerdos con Estados Unidos para vender en formato de conocimiento lo generado en el país (además de la entrega de los minerales críticos y tierras raras) y el abandono del proyecto Arsat 3 forman parte de la misma trama oscurantista con sello anarco capitalista.

Lo inexorable no pertenece al ámbito de la política ni al de las luchas sociales. La CTA Autónoma fue epicentro de la presentación de un ante proyecto de ley titulado “Régimen de Soberanía Tecnológica, Energética Nuclear e Integración Laboral para una infraestructura Digital Crítica”, encuentro organizado por la junta interna de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica, Foetra y trabajadores de la empresa Arsat.

“La pandemia marcó el fin de la globalización. Los estados, como China o EE.UU, se empezaron a cerrar para garantizar su cadena de suministros. En el caso de los data centers, la Argentina no tendría que depender de ningún proveedor externo. No podemos depender de la minería y las exportaciones de energía, como una economía de enclave, donde el país no se desarrolle”, sostuvo Ezequiel McGovern de Arsat.

El CAREM funciona…

Para los tecno fascistas como Peter Thiel, que la Argentina cuente con las capacidades de producir su propio reactor de potencia como es el CAREM y una infraestructura propia para el manejo de sus datos constituye una amenaza. La administración Milei actúa como el brazo ejecutor de los designios de este poder económico que buscan obturar estos proyectos. De ahí la escalada en violencia.

“El Estado se transformó en una gendarmería. Por estos días, los centros atómicos están rodeados de uniformados con armas largas; se puede ver al grupo de elite Alacrán de la GNA con su panóptico y armas; también revisando escritorios de los trabajadores. Así estamos por la visita de los funcionarios estadounidenses”, sostuvo Rodolfo Kempf, investigador de la CNEA, especialista en combustibles nucleares y residuos radiactivos e integrante de ATE.

Quien también denunció la presencia de los funcionarios estadounidenses dentro de los centros atómicos del país fue Adriana Serquis, ex presidenta de la CNEA y actual diputada por Unión por la Patria.

“¿Qué acuerdo hizo el Gobierno para autorizar la inspección del Departamento de Estado en nuestras instalaciones para llevarse información sensible? Ese supuesto convenio no estuvo avalado por el Organismo Internacional de Energía Atómica”, afirmó Serquis durante su exposición en el encuentro organizado en el auditorio de la CTA Autónoma.

El desarme del CAREM fue planificado para que el sector privado, alineado con los intereses de Estados Unidos, captase el conocimiento generado durante años desde el Estado nacional. La fecha prevista para la finalización del CAREM era 2028, lo que representaba una ventaja frente a otros reactores SMR previstos para después del 2030. Al 31 de marzo de 2024, las erogaciones acumuladas en dólares llegaban a los 720 millones de dólares. A partir de octubre de 2024 se dejó de ejecutar presupuesto para este proyecto.

“Al cierre del primer año de gobierno de Milei había renunciado el 20% del personal abocado al CARAEM. Ahora llegamos al 40%. Ese éxodo fue captado por la empresa Meitner Energy, integrada en un 60% por el Grupo Ansari y otro 40% por el INVAP. Con los 50 millones de dólares que invirtieron en Meitner están matando el Plan Nuclear Argentino”, denunció Serquis.

El Grupo Ansari pertenece a una familia iraní-estadounidense propietaria de empresas tecnológicas y energéticas sin experiencia en el sector nuclear cuyo representante en el país es Pablo Franzetti, quien “desde 2016 hasta al menos 2023 se presentaba ante el gobierno nacional y el de Jujuy como socio de las empresas propiedad del grupo estadounidense”. Así lo describió el periodista Facundo Iglesia en su artículo El plan nuclear libertario, publicado por la Revista Crisis (julio 2025).

Régimen de soberanía tecnológica y de energía nuclear

Los tecno fascistas pretenden transformar el Estado a partir de un plexo normativo que garantice el saqueo a los recursos naturales, la predominancia del sector privado en el dictado de cualquier otro tipo de regulación y el abandono a su suerte de vastos sectores de la población.

“Este Estado no nos sirve para regular la economía de plataformas. Milei concibe el Estado como un gendarme supranacional de lo digital con jurisdicción en Miami. Tenemos que pensar otra cosa y ahí es clave la coordinación entre las empresas del Estado”, sostuvo Luis Zas, secretario de nuevas tecnologías de Foetra.

El 2027 es ahora. Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, lo dijo así: “Tenemos que construir hechos que presionen en las puertas del Congreso”. De eso se trata el ante proyecto titulado “Régimen de Soberanía Tecnológica, Energética Nuclear e Integración Laboral para una infraestructura Digital Crítica”. Una discusión política urgente.

“El objetivo es garantizar el abastecimiento eléctrico estable, continuo y de bajas emisiones para los centros de datos estratégicos de titularidad estatal, mediante el diseño, construcción y operación de reactores nucleares modulares de producción nacional tipo CAREM, con plena centralidad de los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales y los organismos estatales competentes”, puede leerse en el artículo 1 de la propuesta. No todo es inexorable.

La iniciativa presenta, además, otros dos ejes clave: la utilización plena de las capacidades de los trabajadores y trabajadoras que se formaron en las empresas del Estado y la concepción de la Soberanía de Datos.

“Declárese de interés estratégico nacional la localización, almacenamiento y procesamiento de datos en infraestructura energéticamente autónoma, bajo jurisdicción argentina. Ningún dato generado o procesado en la infraestructura comprendida por esta ley podrá ser almacenado o transferido a servidores radicados fuera del territorio nacional sin autorización expresa del Poder Ejecutivo, previo dictamen técnico de ARSAT y la CNEA”, puede leerse en el proyecto. Actualmente, los datos de la principal operadora local en Vaca Muerta (YPF) se alojan en la nube de Amazon y Google.

Nada de esto se podría llevar adelante – entienden los autores del anteproyecto- sin considerar al “trabajo” como una ventaja comparativa soberana. “Esta proyección solo es sustentable si está anclada en trabajo de calidad, en conocimiento nacional retenido y reproducido, con una institucionalidad estatal fuerte. La dimensión laboral de este proyecto no es un complemento social de una decisión técnica: es el fundamento sobre el que se construye la capacidad de mantener, operar y, eventualmente, exportar esta integración”, se expresa en los fundamentos de la iniciativa.

Nada es inexorable. El 2027 es ahora.