El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce cambios de aplicación inmediata que alcanzan también a los trabajadores que ya tienen empleo. Según confirmó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, las nuevas reglas regirán para todas las contingencias futuras —como despidos, enfermedades laborales o renegociaciones contractuales—, independientemente de la fecha en que se haya iniciado la relación laboral.
Esto implica que, aunque los contratos se hayan firmado bajo el marco legal anterior, los derechos y obligaciones se definirán de acuerdo con la nueva normativa cuando ocurra un hecho relevante en la relación de trabajo.
Qué cambios trae la Reforma Laboral 2026 para quienes ya tienen trabajo
Cambios en las indemnizaciones por despido
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación en el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. El nuevo esquema establece que la base indemnizatoria se calculará únicamente sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en los últimos seis meses.
Quedan excluidos del cálculo conceptos no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, las vacaciones y premios extraordinarios. Con este cambio, el monto de la indemnización tenderá a ser menor que bajo el régimen vigente, especialmente en casos donde el salario incluía adicionales variables o pagos estacionales.
Además, la reforma elimina la posibilidad de reclamar indemnizaciones complementarias por daños y perjuicios. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la indemnización prevista en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo será la única reparación posible frente a un despido sin causa, con el objetivo de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad jurídica a los empleadores.
Reingresos y actualización de indemnizaciones
Otro cambio relevante afecta a los casos de reingreso del trabajador a una misma empresa. La nueva normativa elimina la aplicación de la tasa de interés pura del 3% anual que se sumaba a la actualización por IPC para deducir indemnizaciones ya cobradas.
En caso de aprobarse la Reforma, esas sumas solo se actualizarán por inflación, lo que reduce el monto a descontar y modifica el equilibrio a favor del empleador en situaciones de reincorporación o nuevas contrataciones posteriores a un despido previo.
La reforma también introduce modificaciones que impactan sobre los procesos judiciales en trámite. Los créditos laborales pendientes se actualizarán aplicando intereses moratorios calculados en base a la tasa del Banco Central, con un tope que no podrá superar el capital ajustado por IPC más una tasa del 3% anual. Asimismo, se reducen los plazos de caducidad de instancia: seis meses en primera instancia y tres meses en segunda o en juicios sumarísimos. Esta medida apunta a acelerar los procesos, pero podría afectar a trabajadores con dificultades para sostener litigios prolongados.
Derogación de estatutos y pérdida de beneficios específicos
Un aspecto menos visible pero de alto impacto es la derogación total de ciertos estatutos laborales especiales. Los trabajadores que estaban alcanzados por esos regímenes pasarán a regirse exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo general.
Esta transición puede implicar la pérdida de beneficios particulares que habían sido reconocidos históricamente para determinados sectores, modificando condiciones laborales que hasta ahora se consideraban consolidadas. Además, se eliminan normas protectorias en materia judicial, como el Artículo 275 de la LCT, que sancionaba conductas maliciosas del empleador con intereses agravados. A partir de la vigencia de la reforma, quienes inicien juicios laborales ya no contarán con ese mecanismo de penalización.
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