Los recursos para las provincias volvieron a caer y el ajuste de Milei se profundiza

Los fondos que la Nación distribuyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 4,2% interanual, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso.

28 de julio, 2026 | 17.20

Los recursos que la Nación distribuye automáticamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires volvieron a mostrar una caída en términos reales y reabrieron el debate sobre el impacto que el ajuste fiscal nacional tiene sobre las finanzas provinciales. De acuerdo con un informe de la Fundación Libertad y Progreso, los envíos registraron una baja interanual del 4,2%, un resultado que refleja el deterioro de la recaudación de los principales impuestos coparticipables y que obliga a las administraciones locales a revisar sus cuentas en un contexto de menores ingresos.

El ajuste se mantiene pese los gobernadores vienen advirtiendo que la recuperación de la actividad económica todavía no se traduce en una recomposición de los recursos que reciben por coparticipación. La desaceleración de la inflación permitió moderar algunas variables macroeconómicas, pero no logró revertir el impacto que la caída del consumo y de la recaudación viene generando sobre las transferencias automáticas.

El economista de la Fundación Libertad y Progreso Joaquín Aranguiz sostuvo que "cuando la coparticipación cae en términos reales, como se ve en el gráfico, las provincias enfrentan un dilema clásico, recortar gasto (con el costo político y social que eso implica), buscar financiamiento alternativo (deuda, adelantos del Tesoro, o presión tributaria propia) o directamente acumular atrasos".

El especialista agregó que "esto nos lleva a pensar si el ajuste que también hicieron las provincias fue por convencimiento para acompañar al gobierno nacional o si tuvieron que acomodarse a la nueva realidad porque no les quedaba alternativa". La afirmación pone el foco sobre una discusión que atraviesa a las administraciones provinciales desde el inicio de la gestión de Javier Milei: cuánto del equilibrio fiscal alcanzado por las jurisdicciones respondió a una decisión política propia y cuánto fue consecuencia de la reducción de los recursos disponibles.

Según el informe, los ingresos reales de las provincias todavía no recuperan los niveles previos a la crisis cambiaria de fines de 2023. Los datos muestran que junio de 2026 se ubicó apenas un 2,2% por encima del piso registrado en junio de 2024, pero continúa un 21,7% por debajo del nivel alcanzado en junio de 2023.

"La desaceleración inflacionaria no se tradujo en recomposición real de la coparticipación, y el ajuste post-devaluación dejó una base más baja de la que aún no se despega", explicó Aranguiz. Para la entidad, la baja del 4,2% interanual evidencia que la mejora observada durante parte de 2025 perdió impulso y que la evolución de los recursos no siguió una trayectoria sostenida. "La caída de -4,2% interanual en 2026 muestra que la recuperación de 2025 se frenó o revirtió, no fue lineal", concluyó el economista.

La disminución de la coparticipación se produce en un contexto en el que la recaudación nacional continúa mostrando dificultades para recuperar dinamismo. El menor rendimiento del IVA y del Impuesto a las Ganancias, dos de los tributos con mayor peso dentro de la masa coparticipable, redujo el volumen de recursos que luego se distribuye automáticamente entre las provincias. Esa situación ya había sido advertida por distintos estudios privados y por informes oficiales durante el primer semestre del año.

Tal como informó este medio, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó que "la caída de la coparticipación a la Provincia está en torno al 5% en términos reales" y vinculó esa situación con la menor recaudación nacional y con la reducción de las transferencias no automáticas. Según el funcionario, esa combinación restringe la capacidad de financiamiento de los gobiernos provinciales para sostener políticas públicas e inversiones.

En muchas provincias, los salarios estatales representan el principal componente del gasto público y cualquier reducción de ingresos limita el margen para otorgar aumentos, ejecutar obra pública o ampliar programas sociales.