Desguace laboral de Milei: menos controles, recorte de presupuesto y mayor margen para el trabajo informal

Mientras crece la alerta por una posible reestructuración del Ministerio de Capital Humano que implicaría, en otros, recortes sensibles en el área laboral con eliminación de funciones y cientos de despidos, un informe puso sobre la mesa un proceso más profundo: el progresivo desmantelamiento de la política laboral nacional. La investigación, presentada por el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP), sostuvo que la reducción de personal, el ajuste presupuestario y la pérdida de capacidades de fiscalización configuran un escenario de triple debilitamiento: institucional, presupuestario y operativo.

Tal diagnóstico cobra especial relevancia en un país en el que, según datos oficiales, más de tres de cada diez trabajadores relevados en empresas inspeccionadas se encontraban sin registrar, porcentaje que supera el 40% en varias provincias. Según el relevamiento, en los dos años de gestión de Javier Milei, el gasto ejecutado por el área laboral cayó 64,5% en términos reales. Las partidas destinadas a capacitación laboral y empleo se redujeron más del 70,0% y las orientadas a la regularización del trabajo, un 31%. Para 2026, además, el presupuesto proyectó una nueva contracción real del 34%, respecto del año anterior.

Lo que está en juego, remarcaron los especialistas, es la capacidad estatal para controlar el fraude laboral, combatir el empleo no registrado, intervenir ante situaciones de trabajo infantil y acercar políticas de empleo y capacitación a todo el territorio nacional. En otras palabras, mientras el Estado reduce herramientas de control, también consolida un marco que flexibiliza las sanciones al incumplimiento empresario, y todo ello en un país donde se agrava la informalidad como problema estructural.

El ajuste que vacía el área laboral

La Secretaría de Trabajo no sólo enfrenta una reducción de personal, también atraviesa una pérdida progresiva de presencia territorial que amenaza con concentrar funciones en la administración central y debilitar la capacidad de intervención en las provincias.

Según el informe elaborado por el IDEP-ATE, el ajuste sobre el empleo público nacional ya provocó la eliminación de 66.402 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y febrero de este año, es decir, una caída del 19,3%. El impacto fue particularmente fuerte en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La cartera que absorbió funciones de los ex ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Mujeres y Niñez pasó de concentrar una estructura que reunía 15.224 trabajadores a contar actualmente con 8.509. En términos absolutos, la reducción alcanzó los 6.715 puestos, equivalente a casi la mitad de la dotación.

A su vez, este año, voceros del Gobierno circularon la información de que se avanzaría en el cierre de las 43 Agencia Territoriales distribuidas en el país, previendo el despido de aproximadamente 1.600 personas empleadas, a lo que se suma versiones periodísticas recientes que dan cuentan de una posible reestructuración que implicaría el cierre de más de medio centenar de áreas y eliminación de cargos jerárquicos

Para las autoras de la investigación, la eventual eliminación de las agencias territoriales no constituye una medida aislada sino la profundización de una estrategia de desmantelamiento institucional. Estas dependencias cumplen funciones clave para la implementación de programas de empleo, capacitación y fiscalización laboral en todo el país, además de articular políticas con municipios, provincias, sindicatos y empresas. Su desaparición implicaría reducir la presencia territorial del Estado en materia laboral y concentrar funciones en la administración central.

Recorte presupuestario

El ajuste sobre la estructura estatal estuvo acompañado por un fuerte recorte de recursos. En 2026 la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con un presupuesto equivalente a apenas el 0,65% del gasto total de la Administración Pública Nacional y al 0,10% del Producto Bruto Interno estimado.

La comparación con los años previos exhibió la magnitud del achicamiento. Entre 2023 y 2025 el gasto ejecutado por el área cayó 64,5% en términos reales. Las políticas de capacitación laboral registraron una baja del 78,8%, las acciones de empleo se redujeron 74%, mientras que los programas vinculados a la formulación de políticas laborales y la regularización del trabajo sufrieron recortes del 43,1 y 31%, respectivamente.

Lejos de revertirse, esa tendencia se profundizaría durante este año. El presupuesto vigente para 2026 proyectó una nueva caída real del 34% respecto de la ejecución de 2025. Entre las áreas más afectadas aparece la desaparición del programa específico de Articulación Territorial, una herramienta central para coordinar políticas laborales en las distintas regiones del país.

Alta informalidad y menos controles

El debilitamiento de las capacidades estatales ocurre en un contexto en el que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Los datos acumulados del Plan Nacional de Regularización del Trabajo evidenciaron que el 30,2% de los trabajadores relevados en empresas fiscalizadas se encontraba sin registrar. La situación es aún más grave en varias provincias, donde el empleo no registrado supera el 40%, como Santiago del Estero, Salta, San Luis, La Rioja, Jujuy, Corrientes, Chaco y Catamarca.

El informe realizado por las investigadoras Noemí Giosa Zuazúa, Ana Rameri y Mariana Rivolta sostuvo, lejos de los argumentos a favor de una retirada del Estado, que la persistencia del trabajo no registrado, sumada a problemáticas como el trabajo infantil y adolescente -especialmente extendidas en ámbitos rurales-, exige fortalecer los mecanismos de inspección y la presencia territorial de los organismos laborales.

Sin embargo, la orientación oficial avanza en sentido inverso. Mientras se reducen recursos y estructuras destinadas a la fiscalización, también disminuye el alcance efectivo de los controles. Según el relevamiento, aunque la meta formal de inspecciones se mantiene en 192.000 establecimientos por año, la cobertura real caerá del 25 al 15% de los establecimientos registrados, lo que implica una menor capacidad para detectar incumplimientos y garantizar derechos laborales.

El riesgo es que el debilitamiento de las áreas encargadas de controlar las condiciones laborales termine consolidando un escenario donde la informalidad, la precarización y el incumplimiento empresario encuentren cada vez menos obstáculos por parte del Estado.

Del castigo a beneficios para infractores

La llamada Ley de Modernización Laboral habilitó amplias condonaciones de multas y sanciones para empleadores que mantuvieron trabajadores sin registrar. De ese modo, mientras se achican los controles, la reforma laboral habilitó blanqueos con condonaciones de multas de, al menos, el 70% y la salida de empleadores sancionados de los registros de infractores. 

Para las autoras, la medida implica una modificación profunda en la lógica de intervención estatal. En lugar de fortalecer los mecanismos de inspección y castigo frente al fraude laboral, el esquema promueve incentivos para la regularización posterior de relaciones laborales que previamente se desarrollaron al margen de la ley. Así, mientras disminuye la presencia territorial del Estado, se recortan recursos destinados al control y se reduce el alcance efectivo de las inspecciones, también se flexibilizan las consecuencias para quienes incumplieron las normas laborales. 

"Desarmar esa institucionalidad", resume el documento, "significa reducir la capacidad del Estado para proteger a quienes trabajan y ampliar los márgenes de impunidad frente al incumplimiento laboral". En ese sentido, la discusión de fondo apunta al rol que tendrá el Estado en el mundo del trabajo durante los próximos años y en un contexto de alta informalidad, deterioro de ingresos y ofensiva sobre derechos laborales.