El Ministerio de Salud, por medio de la Secretaría Nacional de Discapacidad, estableció un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, aplicable a junio de 2026, en línea con la inflación de mayo y de acuerdo con lo publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1297/2026, suscripta por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches. El aumento fue definido en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo y se aplicará sobre la totalidad de las prestaciones, sin diferencias según su modalidad.
Sin embargo, esta actualización por inflación sigue estando lejos de recuperar todo lo perdido en 2024 y 2025. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos supera el 40% en ese período, mientras el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y mantiene una disputa judicial por esta norma.
“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de junio del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicó la resolución.
Asimismo, el texto precisó que el porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.
Por otra parte, la normativa también dispuso que se aplicará “un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona de la Patagonia”.
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Una institución de asistencia a discapacitados de Rosario denuncia que está al borde del cierre
El centro de día Alas, una institución de referencia en la zona sur de Rosario que trabaja desde hace 38 años en la atención de personas con discapacidad, lanzó una alarmante advertencia: si no se regularizan los pagos de las obras sociales y el Gobierno nacional no envía los fondos necesarios, deberá cerrar sus puertas en agosto de este año.
La entidad acumula una deuda superior a los 90 millones de pesos, una asfixia financiera que pone en riesgo directo la contención de 30 jóvenes y adultos. “Si Alas cierra, esas familias quedan solas”, señalaron desde la comisión directiva para alertar sobre el desamparo en el que quedarían decenas de hogares que no cuentan con los recursos para costear este tipo de prestaciones de manera privada.
A través de un comunicado difundido esta semana, las autoridades de la asociación civil fueron categóricas sobre los plazos y las responsabilidades: “Nos quedan aproximadamente dos meses. Esta institución no está en crisis porque gestionó mal. Está en crisis porque el Estado incumplió”, aseguraron.
La situación ya había sido visibilizada a mediados de mayo, cuando el centro denunció públicamente que no percibe fondos desde noviembre de 2025. Según detallaron desde la institución rosarina, el principal cuello de botella está vinculado a los severos retrasos del programa federal Incluir Salud, una cobertura pública administrada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
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