El Gobierno elevó una presentación formal ante la jueza Loretta Preska para pedir la suspensión del proceso de discovery y del planteo de desacato formulado por los demandantes en el marco del litigio vinculado a YPF, de acuerdo con fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En el escrito enviado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Ejecutivo sostuvo que “el hostigamiento reiterado contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, a través de pedidos de discovery excesivos e intrusivos, impacta de forma directa sobre la soberanía argentina y las relaciones internacionales”.
Qué es el discovery
El discovery es el procedimiento que habilita a los beneficiarios del fallo a requerir información con el objetivo de identificar y localizar eventuales activos embargables para la ejecución de la sentencia.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el Estado argentino realizó un esfuerzo excepcional para aportar toda la información considerada razonablemente relevante, con un nivel de producción documental sin precedentes.
No obstante, advirtieron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes intensificaron sus exigencias mediante planteos cada vez más improcedentes desde el punto de vista jurídico, invasivos, onerosos y ajenos al objeto del proceso.
Además, señalaron que en las últimas semanas Burford profundizó la presión al presentar una moción de desacato sin fundamento y solicitar datos sobre la localización de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
Sobre ese punto, aclararon que dichas reservas pertenecen al Banco Central y que, por lo tanto, están amparadas por la inmunidad de ejecución, lo que las convierte en activos no embargables. En consecuencia, afirmaron que cualquier requerimiento de información al respecto resulta claramente improcedente.
En esa línea, desde la PTN sostuvieron que el discovery impulsado por los demandantes perdió su finalidad original y se transformó en un mecanismo de hostigamiento que obstaculiza el normal funcionamiento del Estado argentino.
Asimismo, alertaron que los demandantes expresaron de manera explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una actitud que calificaron como jurídicamente y moralmente inadmisible.
Por último, ratificaron que la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles, en todas las instancias judiciales correspondientes, para resguardar su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar requerimientos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios fundamentales del derecho internacional.
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