La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.
El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.
Juicio por YPF: el apoyo de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos había manifestado la semana pasada su respaldo a la Argentina en la causa judicial por la expropiación de YPF que se desarrolla en tribunales de Nueva York. Lo hizo a través de un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en apoyo a una medida de urgencia solicitada por el Estado argentino para suspender la etapa de discovery posterior al fallo.
Según la postura de la administración de Donald Trump, los requerimientos impulsados por los demandantes y avalados por la jueza Loretta Preska resultan “demasiado invasivos”.
La presentación buscaba, justamente, respaldar el pedido argentino para frenar la entrega de documentación, la posible aplicación de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
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En el escrito, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el proceso de discovery en curso contradice principios básicos de cortesía internacional y reciprocidad. Además, advierte que este tipo de exigencias hacia Estados soberanos podría generar conflictos diplomáticos y sentar precedentes que habiliten medidas similares contra Estados Unidos en tribunales de otros países.
El documento también remarca que, al analizar pedidos de suspensión, los jueces deben contemplar el interés público y el impacto en las relaciones exteriores. En ese sentido, plantea que corresponde otorgar un peso especial a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política internacional.
Asimismo, el gobierno norteamericano recuerda que este tipo de litigios suele regirse por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que establece, en términos generales, la protección de los bienes de Estados extranjeros frente a ejecuciones en territorio estadounidense.
Por último, el memorándum pone el foco en los pedidos de información de los demandantes, que incluyen comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales. Según el planteo, este tipo de requerimientos no se ajusta a los estándares de trato entre países soberanos en procesos judiciales.
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