En momentos en que el Gobierno acelera un esquema circular de financiamiento basado en deuda con garantías y acreedores privilegiados (cuyas acreencias no pueden reestructurarse), reaparecen demandas contra el país de fondos buitre en tribunales de Nueva York. La firma Aurelius, una vieja conocida de la Argentina, reactivó en Nueva York una demanda por 2.600 millones de dólares contra el Estado argentino por una supuesta pérdida en el cobro de los cupones PBI derivada de cambios en la medición de la inflación que los habría perjudicado. El dato no es menor si tiene en cuenta que el gobierno de Milei prevé cambiar la medición de variables clave –como el IPC y su relación con otras variables que son impactadas por la inflación— que podrían volver a exponer al país a litigios externos.
Esta semana, un grupo de inversores liderados por Aurelius Capital Management volvió a presentar una demanda contra la Argentina por el impago de los cupones PBI, instrumentos atados al crecimiento económico que se emitieron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Según informó Bloomberg, “Aurelius Capital Management y un grupo de otros fondos de cobertura reactivaron una demanda contra Argentina en busca de pagos sobre instrumentos vinculados al desempeño de la economía del país sudamericano”.
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El caso había sido desestimado en 2024 por cuestiones procesales, pero los demandantes regresaron al juzgado tras cumplir con las condiciones exigidas por el contrato, entre ellas reunir el apoyo de al menos el 25 por ciento de los tenedores, una cláusula que protege a los países en procesos de reestructuración de deuda. El reclamo, de acuerdo con estimaciones de Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, asciende a unos 2.600 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad corresponde a intereses acumulados. No es un monto menor en un contexto de escasez de reservas y vencimientos concentrados.
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La demanda reaparece mientras la dupla que integran el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, profundiza un esquema de endeudamiento que altera no solo el stock de compromisos de la Argentina, sino también la composición de los pasivos, con el objetivo de atravesar vencimientos inmediatos. El caso de los cupones PBI, encabezado por Aurelius Capital Management, podría enmarcarse en una advertencia sobre un nuevo ciclo de endeudamiento y cambios en la composición, mientras crecen las voces críticas sobre mediciones de la entidad que conduce Marco Lavagna.
Previsión de tormentas
El fondo Aurelius sostiene que la Argentina manipuló las cifras de crecimiento económico en 2013 para evitar el pago de los cupones PBI. Estos instrumentos otorgaban derechos de cobro adicionales si el Producto Bruto Interno superaba determinados umbrales de crecimiento real. Según el fondo, el cambio metodológico realizado por el INDEC –al modificar el año base para medir precios constantes—alteró el cálculo del crecimiento real. En palabras del propio Aurelius, citadas en presentaciones judiciales, “La economía no se duplicó repentinamente ni su tasa de crecimiento se redujo a la mitad; lo que cambió fue la vara de medición”, sostuvo el Aurelius, propiedad de Mark Brodsky, quien trabajó con Paul Singer, titular del otro fondo buitre en Elliot Associates que litiga contra la Argentina.
La causa vuelve a quedar bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, una magistrada ampliamente conocida por la Argentina, que también condenó al país en el juicio por la expropiación de YPF, con una sentencia que ronda los 18.000 millones de dólares con intereses. “Los acreedores del fallo han iniciado acciones de ejecución en tribunales estadounidenses para obligar al pago o forzar negociaciones, mientras los intereses legales siguen acumulándose”, explicó Maril. La demanda original data del 2019. Tras un fallo favorable a la Argentina en 2024, el fondo corrigió errores procesales y volvió a insistir. En esta ofensiva se suma un elemento adicional: Aurelius Capital sostiene que existen fallos definitivos e inapelables en tribunales del Reino Unido, dictados en 2024 y aún impagos, que deberían ser considerados vinculantes por la Justicia estadounidense.
Tal como alertó El Destape, el riesgo de una vuelta de los fondos buitre se produce mientras el Gobierno profundiza una estrategia de financiamiento basada en deuda con garantías, lo que abre las puertas a este tipo de demandas especulativas. La clave son las operaciones REPO, préstamos colateralizados que convierten deuda común en deuda privilegiada. Según un informe de Aurum Valores, “entre fines de 2017 y la actualidad, la participación de acreedores privilegiados —deuda 'senior' y 'semi senior'—pasó de representar el 20 al 39 por ciento del total de la deuda con privados y organismos internacionales, excluida la deuda intra sector público”.
En 2017, la deuda no reestructurable ascendía a 35.611 millones de dólares. Para enero de 2026, Aurum la estima en 104.500 millones de dólares. Es decir, se incrementó en menos de una década en casi 69.000 millones de dólares, explicado en buena medida por el endeudamiento con el Fondo Monetario e impulsado por los REPO recientes. La deuda privilegiada tiene como característica central quedar fuera del alcance de reestructuraciones. “Este tipo de deuda es muy difícil (o muy improbable) de estar sujeta a reestructuraciones”, advierte el informe. En consecuencia, cualquier futuro proceso de ordenamiento recaería casi exclusivamente sobre la porción restante y abriría, si no se consiguiese la adhesión al canje necesaria de dos tercios, la puerta a nuevas presentaciones judiciales de este tipo de fondos especulativos.
Tras un extenso conflicto que se inició con la reestructuración de 2005 del default que dejó la convertibilidad y la cesación de pagos que declaró la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, el país impulsó la aplicación de cláusulas de acción colectiva (CAC) para evitar que minorías bloqueen canjes. El umbral se fijó en el 66,7 por ciento. Pero ese mecanismo opera solo sobre la deuda alcanzada por el canje. La deuda senior o colateralizada no vota, no negocia y cobra primero. A medida que ese bloque crece, la eficacia real de las CAC se reduce. Aurelius fue uno de los fondos que litigó contra la Argentina tras el default de 2001 y aceptó el pago “voluntario” del gobierno de Mauricio Macri en 2016. Sin embargo, el fondo especulativo luego decidió seguir adelante con demandas específicas.
Un esquema de endeudamiento que privilegia acreedores, reduce el margen de negociación futura y vuelve a dejar expuesta a la Argentina a tribunales permeables de este tipo de demandas en el exterior. Por su parte, el manejo de las estadísticas oficiales podría volver a ser parte del problema. El caso de los cupones PBI enciende luces de advertencia sobre los cambios técnicos en las mediciones oficiales. Desde enero de 2026, el INDEC comenzará a publicar un nuevo IPC basado en la ENGHo 2017/18. Según estimaciones privadas, la inflación acumulada desde la asunción de Milei sería unos 10 puntos mayor con el nuevo índice que con el actual.
El problema no es solo el número que recibe la población, dado que la inflación la vive a diario cuando en la góndola, sino también en su use hacen las compras. El IPC impacta en contratos, bonos, bandas cambiarias y, como muestra el litigio con Aurelius, en instrumentos financieros atados al desempeño económico. El INDEC decidió no recalcular hacia atrás las series para no alterar contratos indexados, pero eso deja un vacío legal: sin empalmes claros, la comparabilidad intertemporal se debilita y los “argumentos” de los buitres se fortalecen.
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