El Presupuesto 2026 incorpora una serie de modificaciones y proyecciones que permiten anticipar el rumbo de la política previsional y los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). En la planillas anexas al proyecto oficial, aparecen recortes en la cantidad de beneficiarios de prestaciones clave: pensiones no contributivas por invalidez, jubilaciones y pensiones del sistema general y la Asignación Universal por Hijo (AUH). La reducción no es uniforme.
La oposición y distintos sectores advierten que, detrás de esa narrativa, hay una redefinición del alcance del sistema de protección social, con impacto directo sobre jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. El ajuste no se anuncia en conferencias de prensa. Se lee en la letra chica del Presupuesto.
Qué hará Milei con los jubilados ANSeS: el dictamen de LLA
El dictamen promovido por La Libertad Avanza propone aumentos extraordinarios. Ese despacho avala el esquema de actualización vigente que rige bajo el Decreto 274/24 y prevé que las jubilaciones y pensiones de ANSES se ajusten mensualmente en función de la inflación, sin incrementos adicionales más allá de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) medido por el INDEC.
De esta manera, lo que percibirán los jubilados en enero de 2026 ya está definido por la movilidad automática: el aumento será cercano a 2,47% en función de la inflación de noviembre de 2025. Eso implica que la jubilación mínima —sin considerar posibles refuerzos— superará los $349.000, y puede acercarse o superar los $419.000 si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes tienen ingresos más bajos.
La propuesta alternativa: aumento de emergencia para jubilados
Uno de los proyectos con dictamen fue impulsado por el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Ese dictamen propone un incremento excepcional de los haberes jubilatorios de 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES, excluyendo regímenes especiales o diferenciales, con media sanción de la Cámara baja en junio de 2025.
El dictamen elevaba ese bono de $70.000 a $110.000 y proponía que se actualizara mensualmente según la inflación. Esa cifra, si se incorporara, modificaría los ingresos reales que perciben los jubilados con haberes mínimos al inicio de 2026, aunque la medida quedó sujeta al tratamiento del Senado y a eventuales vetos presidenciales.
Ese dictamen también contemplaba la restitución por dos años de la moratoria previsional, que permite regularizar aportes y acceder a la jubilación a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes exigidos por el régimen general, y proponía ajustes estructurales adicionales para ampliar la cobertura previsional.
Dictamen de Provincias Unidas
El tercer dictamen, identificado con una coalición de bloques minoritarios, entre ellos los representantes de distintas provincias y formaciones que no son parte de la mayoría de UxP ni de LLA, proponía un enfoque intermedio orientado a asegurar aumentos más vinculados a una combinación de inflación y evolución salarial.
Ese despacho buscaba establecer que los haberes jubilatorios se actualicen en base a una fórmula que considere la evolución salarial formal (medida por el RIPTE) y el IPC, con al menos una recomposición en marzo de cada año que tome el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación del año calendario anterior, si esa diferencia es positiva.
La motosierra 3.0
El caso más significativo es el de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laborativa. Para 2025, la estimación oficial era de 1.133.549 beneficiarios. Para 2026, la proyección cae a 977.943. La diferencia es de 155.606 personas, lo que implica una reducción del 13,7%.
Las pensiones por invalidez están destinadas a personas que, por razones de salud, no pueden incorporarse al mercado laboral y carecen de ingresos suficientes. No dependen de aportes previos, sino de una evaluación socioeconómica y médica. La baja proyectada anticipa un endurecimiento sobre los criterios de permanencia y acceso al beneficio.
Desde el Ejecutivo se sostiene que existe un proceso de revisión de pensiones otorgadas en años anteriores, con el objetivo de detectar incompatibilidades, irregularidades o situaciones que ya no cumplirían con los requisitos.
El impacto concreto es que más de 155 mil personas dejarían de percibir una prestación que, en muchos casos, constituye su único ingreso. La proyección no distingue entre bajas por fallecimiento, cambios en la condición de invalidez o exclusiones administrativas.
Jubilaciones y pensiones
En el conjunto del sistema previsional, que incluye jubilaciones, pensiones y retiros de ANSES, ex cajas provinciales y regímenes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, la proyección también muestra una disminución. Para 2025, el promedio anual de beneficiarios se estimaba en 7.520.637 personas. Para 2026, el número baja a 7.501.700.
La diferencia es de 18.937 beneficiarios, una caída del 0,25%. En términos porcentuales, el ajuste es menor que en las pensiones por invalidez, pero no deja de ser relevante en un sistema que históricamente creció año tras año por el envejecimiento de la población.
La proyección confirma que el sistema previsional comienza a achicarse. El debate sobre la sostenibilidad del sistema vuelve a aparecer, pero con un enfoque distinto. Ya no se discute cómo ampliar la cobertura, sino cómo administrarla con menos beneficiarios. La pregunta que queda abierta es qué sucede con quienes alcanzan la edad jubilatoria y no cumplen con los requisitos formales.
Recorte en AUH
La Asignación Universal por Hijo, uno de los principales programas de protección social, también muestra una baja en la cantidad de beneficiarios proyectados. Para 2025, se estimaba un promedio de 4.113.370 niños y adolescentes cubiertos. Para 2026, la proyección es de 4.096.069.
La reducción es de 17.301 beneficiarios, equivalente al 0,42%. Al igual que en el caso de las jubilaciones, el porcentaje parece marginal. Sin embargo, se inscribe en la misma lógica de ajuste silencioso.
El Gobierno sostiene que la AUH se mantiene como una política prioritaria y que la variación responde a cambios demográficos y a la incorporación de beneficiarios al empleo formal. No hay anuncios de recortes ni de modificaciones en el programa.
Desde la oposición critican que la baja coincide con un contexto de aumento de la pobreza infantil y de deterioro del ingreso real. La AUH funciona como un piso de ingresos para millones de hogares y cualquier reducción en su cobertura tiene efectos directos sobre el consumo y las condiciones de vida.
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