A través del proyecto de ley del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei impulsa la eliminación del carácter móvil de las asignaciones familiares. En el artículo 70 del dictamen de mayoría se estipula la derogación de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160.
La supresión del mecanismo de movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares implica que los incrementos dejarán de estar vinculados a la movilidad previsional y pasarán a depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Así, los montos ya no contarían con una protección automática frente a la inflación.
La modificación alcanza a un amplio conjunto de prestaciones: asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, nacimiento, adopción, matrimonio, AUH, asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral, previstas en la Ley 24.714 y percibidas tanto por trabajadores registrados como no registrados.
Una medida que puede afectar a más de 8 millones de personas
Las dos políticas sociales de mayor alcance que quedarían afectadas son la AUH, que hoy llega a 4.113.370 titulares, y la asignación por hijo, que beneficia a 4.107.320 personas. En total, el cambio presupuestario impactaría de forma directa en más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, dejando a la mayoría de los subsidios destinados a la niñez sin un sistema de actualización automática.
La iniciativa responde a una exigencia histórica del FMI, orientada a desvincular partidas sociales de los índices de inflación para facilitar su eventual reducción en términos reales.
La Ley 27.160, que regula el régimen de asignaciones familiares, es el marco legal que el oficialismo busca modificar. De aprobarse el Presupuesto, quedarían derogadas disposiciones centrales de esa norma.
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El artículo 1 establece actualmente la movilidad de las asignaciones familiares, determinando que los montos se actualicen de acuerdo con el índice previsto en la Ley 24.241 y prohibiendo expresamente cualquier reducción del valor de las prestaciones. El artículo 2 fija un adicional del 30% para los beneficiarios residentes en provincias de la zona austral, mientras que el artículo 3 designa a la ANSES como autoridad responsable del cálculo de la movilidad.
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