En una nueva cadena nacional, el Presidente volvió a atribuir los principales problemas de la economía al déficit fiscal y a la emisión monetaria. Más allá de ese diagnóstico, hay otra discusión que resulta central: cómo cambió la estructura tributaria durante su gobierno y por qué esos cambios hacen que el ajuste nunca termine.
El mundo del revés
En su primer año de gestión, el Gobierno aprobó una reforma tributaria —el denominado "paquete fiscal"— que redujo la alícuota de Bienes Personales, el único impuesto que grava la riqueza en nuestro país, y elevó el mínimo no imponible, lo que hizo que menos personas paguen este impuesto. Según la estimación publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se perdió un 0,41% del PBI en 2024 y la merma es aún mayor en los años siguientes: 0,47% en 2025, 0,54% en 2026 y 0,61% en 2027. La medida no sólo reduce los recursos disponibles para financiar educación, seguridad o infraestructura; también debilita la capacidad redistributiva del sistema tributario, al disminuir el aporte de quienes tienen mayor patrimonio.
Las reformas no se limitaron a esa reducción del impuesto a la riqueza. El Gobierno también redujo los derechos de exportación, mal llamados retenciones. En el 2024 disminuyeron las retenciones a las exportaciones de carne, lo que acercó el precio interno al precio internacional, produciendo que estemos en uno de los menores consumos de carne vacuna per cápita de nuestra historia.
Luego hubo bajas temporales a la exportación de granos y cereales, que se volvieron permanentes anunciando un sendero de reducción de las mismas donde la idea es eliminarlas por completo. La reducción de las retenciones tiene al menos tres consecuencias: disminuye la recaudación, acerca los precios internos a los internacionales y aumenta la rentabilidad de uno de los sectores más competitivos de la economía.
La pérdida para la sociedad en su conjunto del aporte de los Bienes Personales y de los derechos de exportación fue monumental, y con ese dinero que ya no aportan podría haberse usado para reactivar la obra pública, arreglar las rutas, financiar la educación y la cultura, la ciencia y técnica y el postergado financiamiento a las universidades públicas.
Por si faltaba más, también bajaron los impuestos de ciertos consumos de lujo, como la eliminación del impuesto que pagaban los autos de alta gama y las embarcaciones. Por lo tanto, no sólo pagan menos impuestos por su riqueza, sino que también aportan menos a la sociedad cuando compran bienes de lujo.
Mientras tanto, el IVA se mantuvo sin cambios y debemos hacer una mención especial para el Impuesto a los Combustibles, que efectivamente pagamos todos, ya sea cargando directamente en el surtidor de nafta o pagando el mayor costo de logística de los productos. En efecto, estos impuestos que pagamos todos y todas sin importar nuestro ingreso y que pesan cada vez más en la estructura tributaria argentina, hacen que vivamos en el país del revés, donde los impuestos pesan más en los bolsillos que usan todo lo que tienen en consumir (haciendo malabares o endeudándose para llegar a fin de mes). En paralelo, los bolsillos más voluminosos, que tienen un gran excedente por encima de lo que necesitan para consumir, aportan menos a las cuentas públicas.
Más del 32% de la recaudación proviene del IVA, un impuesto que pagan todos los consumidores por igual independientemente de su ingreso, y explica casi un tercio del total. Le siguen los aportes y contribuciones que financian el pago de las jubilaciones y pensiones y luego el impuesto a las Ganancias, que aportan las empresas y los trabajadores. Con estos tres impuestos explicamos más de 3 cuartas partes del total y todos estos tributos se relacionan directamente con la actividad económica interna.
Cada vez hay menos plata
De esta manera, no sólo recaudamos de manera más desigual, donde el crecimiento del impuesto al combustible que pagamos todos y todas trata de compensar sin éxito lo que dejaron de pagar los agroexportadores y los más ricos, sino que a su vez la caja del Estado es cada vez más chica.
No es "no hay plata". El problema es que cada vez hay menos plata porque el propio Estado resigna parte de sus ingresos tributarios, como muestra la evolución de la recaudación en el gráfico siguiente.
No termina ahí, como hay cada vez menos plata el gobierno insiste con la motosierra. La obra pública la frenó en su primer año y también licúo las jubilaciones y pensiones con una inflación inicial que nunca compensó. Logra ahorrar un poco cada mes con el congelamiento del bono que paga a las y los jubilados que cobran el haber mínimo pero eso no le alcanza para cubrir la recaudación que ya no percibe. Por esto es que avanza la motosierra sobre los subsidios económicos y los salarios públicos, dos espacios que aún tienen tela para cortar.
Cuando se habla de reducir subsidios suele pensarse en beneficios a grandes empresas. Sin embargo, el principal recorte se concentró en los subsidios que amortiguaban las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte. Nuevamente, una transferencia regresiva donde pagan más quienes menos tienen.
Esto no sólo es un problema moral, o de sentido común, sino que implica que las personas gastan cada vez más en el pago de los servicios públicos, desde las tarifas de energía hasta el pago del transporte público, lo cual los deja con cada vez menos ingreso disponible para los alimentos, los medicamentos o lo que necesiten. Esto, a su vez, explica la caída en la demanda interna que vemos mes a mes. De nuevo, no es sólo un problema moral o ideológico, es una pésima decisión de política económica bajar los ingresos a las mayorías porque implica reducir el cobro de impuestos relacionados al andar económico, como el IVA, Ganancias que explican más de la mitad de la recaudación total.
En paralelo, al haber menos caja el gobierno tiene que seguir reduciendo los subsidios, en boca de Ravier “duplicar o triplicar las tarifas” lo que hace que esta situación se convierta en un círculo vicioso donde la motosierra nunca termina su trabajo y siempre hace falta un ajuste más.
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El ajuste sin fin
La motosierra nunca alcanza porque el propio programa económico reduce la capacidad recaudatoria del Estado. Cuanto menor es la recaudación, mayor debe ser el ajuste para sostener el superávit. En esa lógica, el ajuste deja de ser una etapa y pasa a convertirse en un mecanismo permanente.
Es por esto que la reforma previsional aparece como obligatoria en un hipotético segundo gobierno libertario y es por este motivo que el presidente sale en cadena nacional hablando de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central para penar con cárcel a quien produzca un déficit fiscal o se atreva a revisar este esquema tributario cada vez más regresivo. Este es el plan ya no sólo libertario sino de un gran sector del poder económico concentrado de nuestro país que necesita un Estado cada vez más chico para poder avanzar sobre él y aportar cada vez menos de sus fortunas al funcionamiento más básico (obra pública, educación y salud) de nuestro país.
